sábado, 19 de febrero de 2022

LA REPRESIÓN SEGÚN EL BANDO SUBLEVADO Y LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTÓRICA. EXTERMINIO Y REPRESIÓN EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS

EL GENOCIDIO FRANQUISTA

SI ENTRAS MEDIANTE UN MÓVIL PUEDE QUE NO VEAS COMPLETO EL TEXTO AL LADO DERECHO. PARA MINIMIZAR EL PROBLEMA NO HEMOS JUSTIFICADO EL MARGEN.
 LA SOLUCIÓN PERFECTA ES BAJAR AL FINAL DEL ARTICULO Y PINCHAR EN "VER VERSIÓN WEB"


 

 La actuación fue similar en todos los lugares según van siendo ocupados por las tropas sublevadas. Antonio Bahamonde Sánchez de Castro, jefe de prensa y propaganda de Franco, clasifica las víctimas de la represión derechista en tres tipos:

 Primera: fusilamientos en las calles, a las salidas de las carreteras y en las tapias de los cementerios, sin expediente ni trámite de ninguna clase…

Segunda: en la que se instruía expediente a los detenidos, sin ser oídos la mayoría de las veces. Las sentencias de muerte las firmaban las distintas autoridades encargadas de la represión…

Tercera: …en la que la parodia de unos consejos de guerra, ya prejuzgados de antemano, quieren dar la sensación de justicia para acallar el rumor, cada vez más denso, que en torno a tantas vidas segadas se está levantando. (Un año con Queipo de Llano. Memorias de un nacionalista. Nuestro tiempo. México 1938, p. 81.)

 

 Trasciende el vergonzoso matiz de la privacidad de poder localizar a los seres queridos y no tan sólo porque van a parar a fosas perdidas, sus restos ya no pueden ser exhumados para recibir un sepelio digno debido a la desintegración total de los cuerpos. Recogemos más de un centenar de desaparecidos en el partido de Salas; centenar y medio del partido de Lerma y cerca de ochocientos en Ribera del Duero. La región sur de la provincia de Burgos es tomada de inmediato y las víctimas no suponen un contendiente a los sublevados. Exponemos el modus operandi de la represión cuando ya por entonces y según Antonio Ruiz Vilaplana, secretario del Juzgado Instructor de Burgos, «no se hacía mucho por reconocer las apariciones», refiriéndose a los paseados.   

El cardenal Gomá reconoce que «Tal vez haya que reprochar al Fascio la dureza en las represalias».[8] Advierte que «ni se prevé fin próximo de la guerra, pues ventilándose, como se ventilan, ideales diametralmente opuestos no se prevé ni tregua ni transacción. Ambas partes dicen aspirar nada menos que al exterminio de la otra».[9] Gomá y Cabanellas pensaban que para finales del 36 terminaría todo pero el Primado comprendía:

 España va a quedar desangrada, empobrecida y con una sima de odios, hijos de la guerra Civil. Personas autorizadísimas calculan en 800.000-1.000.000 las vidas que costará esta inmensa tragedia. Habrá desaparecido gran parte de la riqueza, y el tesoro artístico nacional ha sufrido ya quebrantos de los que no nos repondremos jamás. Ha sucumbido ya gran parte de la aristocracia, de sangre, del dinero y de las letras.[10]

 

                       

El cardenal de Toledo, comunicación directa con el Vaticano


   LA REPRESIÓN  SEGÚN LOS DOCUMENTOS DEL BANDO SUBLEVADO

En los registros civiles de Aranda de Duero y Lerma faltan numerosas hojas que eliminan pruebas de las víctimas. Igualmente, se produce un sospechoso incendio en el registro civil de Burgos donde se perdieron papeles comprometedores. Muchos ayuntamientos tienen «extraviados» los libros entre 1930 y 1942 (Ciruelos de Cervera, Pinilla de los Barruecos…). En 1976 por orden del ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa, los cuarteles de la Guardia Civil enviaron a Madrid los archivos de la Guerra Civil y la represión durante el franquismo para la elaboración de una «historia oficial» que fuera permisible para la incipiente democracia. Los documentos del gobierno civil anteriores a 1985 fueron destruidos deliberadamente con la excepción del que estamos manejando en este trabajo y que encontramos casualmente depositado en el AGA mientras nos documentábamos. Puede ser considerado inédito.

 

 A) Los gobernadores militares de las distintas provincias envían al Ministerio de Gobernación un balance anual. En 1938, por Burgos, el teniente coronel Antonio Almagro Méndez en el Capítulo «IV: Política Interior», redacta un informe con carácter «Reservado», del que entresacamos en el apartado «Obstrucción o desvío de las directrices de Gobierno» precisa:

 

 …casi general adhesión al movimiento nacional… los más destacados (refiriéndose a los militantes del Frente Popular) o están en la zona roja, o pagaron ya sus culpas, o se encuentran sometidos a prisión gubernativa, y desde luego en un total apartamiento de la vida pública, algunos de estos individuos militan hoy, con más o menos convencimiento, en las filas de falange, pero desde luego sujetándose a la disciplina de la organización.

 

…Insistimos en que no hay en la provincia grupos políticos ajenos al Movimiento. El grupo de mayor consideración era el llamado agrario, y aunque quedó maltrecho en las últimas elecciones, todavía tenía influencia muy acusada en 18 de julio de 1936 en la región de Aranda de Duero, pero no actúa hoy, y la mayor parte de sus elementos pertenecen a las organizaciones de Falange.

 

 La alusión al grupo político de la derecha, con lo que deja claro el talante fascista del régimen, volcado a no tener rivalidad.

 

 El gobernador militar hace una alusión al caciquismo, asemejando la situación con el enfrentamiento en el antiguo régimen protagonizado entre conservadores y liberales:

 

 El caciquismo hondamente arraigado en España, se acusó en esta provincia, y su característica en los pueblos ha sido la manifestación de dos grupos antagónicos, que se disputaron siempre la influencia y el apoyo oficial. Este fenómeno se viene dando desde la implantación del régimen liberal y se agudizó en la Restauración con la existencia de dos grupos de conservadores y liberales, que después, durante la Dictadura parecieron esfumarse, aunque no del todo, pues por esas mismas luchas de los grupos en constante pugna, hubo afectos a la misma que militaron en las filas de Unión Patriótica, y descontentos por estar siempre en frente de los otros. Más tarde, reapareció el caciquismo durante el periodo de República con todo vigor.

 

 Esta interpretación del conflicto social que se identifica con la pugna entre los defensores del antiguo régimen y los burgueses liberales es aceptada por los historiadores.[1] Entre las víctimas mortales se cuenta Constancio Medrano de Regumiel y Eliseo Martínez de Peñaranda, empresarios que conceden mejores condiciones laborales a sus empleados.

 

 B) Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA). Impulsada por Nicolás Franco desde la Secretaría General del Jefe del Estado por Orden 20 de abril de 1937. Para analizar el material de propaganda de las «organizaciones comunistas» en España y el extranjero.

 

 A finales de 1937, Ramón de Dalmases Villavechia concluye un Estudio de los organismos de prensa y propaganda, analizando los modelos de Italia y Alemania para establecer las bases de los mismos servicios en España. El abogado y licenciado en historia redacta una memoria de 124 folios. Nos interesamos por las cuestiones del capítulo Causas de la situación política actual, y registramos según los apartados originales:

a)     Duración de la guerra.

lo que interesa a España es, no solamente ganar la guerra, sino también ganar la paz.

 

 Contra los que consideran que la guerra se alarga muestra la intencionada acción de desgaste cuando nos situamos en el ecuador del conflicto:

 d) Los abusos cometidos contra bienes y personas.

 Tenían si no una justificación, por lo menos una explicación en los primeros días del Movimiento en que era imposible contener el desbordamiento de las pasiones y de los rencores originados por años enteros de persecución (sic)… existen autoridades y tribunales que pueden sancionarlos no es a ellos a los que queremos referirnos, sino a aquellos otros que, desgraciadamente, han ocurrido por medio de rencillas personales o por un instinto de destrucción o de persecución que nada justifica

 

 Era más fácil justificar los homicidios en guerra, otro motivo por el que la contienda se alargó a unos 1.000 días.

 

 e) La complicación de mandos y consecuencias perturbadoras a que da lugar.

 

 Retomando el informe del gobernador militar del documento A, donde se muestran apreciaciones que hemos constatado, advirtiendo que estaban al corriente sobre lo que sucede en la filiación falangista que es vigilada minuciosamente:

 

 se ha notado el ingreso de elementos procedentes de otros campos, especialmente de las izquierdas, a los que, en algunos casos se les ha confiado puestos de jerarquía y de mando, en vez de someterlos a una rigurosa y larga cuarentena.  

 

 Consideración que extiende por encima de los mandos provinciales. Resalta la pugna y rivalidad entre falangistas y requetés que fueron habituales al querer tomar ambas protagonismo,[2] y la adscripción de los vecinos dependiendo más del posicionamiento de los líderes locales que de la ideología de las organizaciones y éstos de sus contactos y proyección dentro de la organización.

 

C) La Causa General. La dominación roja en España, justifica la represión como un: «os lo hago para que no me lo hagáis», sin ocultar un desagravio según el bando de las víctimas:

 

 El Alzamiento Nacional resultaba inevitable, y surgió como razón suprema de un pueblo en riesgo de aniquilamiento, anticipándose a la dictadura comunista que amenazaba de manera inminente.

 

 

 En agosto de 1941 se emite a todos los ayuntamientos de España impresos intentando recopilar los crímenes cometidos por los republicanos. Principalmente recogen sacerdotes que fueron asesinados fuera de nuestra comarca de manera incompleta –en Hacinas figura uno cuando el padre Mariano Palacios González en Los cuatro mártires de Hacinas (2005), amplía su balance–; e impreciso pues se describe a personas que no murieron y registra a los fallecidos por acciones de los sublevados como ocurre con los vecinos de Tierra de Lara:

-        Narciso Blanco Alonso. 26 años. Filiación ninguna. Desapareció el 26 de septiembre de 1936. Inscrito defunción: desaparición, no. La fuerza pública le detuvo.

-        Amadeo Sagredo Pérez. 34 años. Obrero. Filiación ninguna. Desaparición en la fecha del anterior. No cadáver. Si instruida defunción en el registro civil.  Desapareció el 26 de septiembre de 1936, siendo detenido por Fuerza Pública. 

 

 En Villamayor de los Montes, el registro de nombres, aparte de mostrar datos confusos que equivocan alcalde, supone que ocho de las víctimas son una «relación de personas residentes en este término municipal que durante la dominación roja fueron muertos violentamente o desaparecieron y se cree fueran asesinados»:[3]

-        Félix Azofra García. Concejal

-        Zacarías Díez Ontañón. Agroganadero.

-        Vicente Díez Villaverde. Concejal.

-        Avelino Gil Díez. Alcalde en 1931. Presidente del Sindicato Agrícola Católico.

-        Benjamín González Julián. Agroganadero.

-        Manuel Julián Lara. Alcalde en 1936.

-        Antonio Lara Díez. Concejal, labrador.

-        Gregorio Usón Maté. Jornalero.

 

 Las derechas intentaron impugnar sin éxito los resultados de las elecciones, donde el Frente Popular había triunfado por algo más de 150.000 votos, que les concede la mayoría siguiendo el mismo sistema que en 1933 había otorgado la victoria a la derecha, como deja demostrado Tusell.[4] Con intención de legitimar el levantamiento se impulsa la Causa General un proyecto del ministro de Justicia Eduardo Aunós del 26 de abril de 1940: 

 Nos acucia la obligación de dejar sentada culpabilidad de quienes produjeron o facilitaron la criminalidad-ambiente que se enseñoreó España.

 

  Cuenta con el antecedente de Serrano Suñer, ministro de Gobernación, que intenta legitimar el golpe militar a costa de desacreditar a la República. Producto de ello surge el Decreto de noviembre de 1938, donde se establece la colocación de lápidas por los Caídos por Dios y por España que cuelgan en los muros de las iglesias. Se pretende registrar todos los actos represivos efectuados por los republicanos, emitiendo un oficio a todos los municipios del país. La Fiscalía advierte:

 

 el pernicioso efecto de que, transcurridos dos o tres lustros, no quede rastro oficial de los horrores que los españoles dignos estamos sufriendo; no habrá prueba convincente de los miles de crímenes execrables que se vienen perpetrando para asombro del mundo.

 

 Por ello, se anima a la inscripción del más mínimo detalle de violencia ejercida por los republicanos. Se persigue la búsqueda de enterramientos irregulares, aunque como detalla el fiscal del Tribunal Supremo en 1941:

 no entrar en la cuestión de exhumaciones cuando sean procedentes de acción de guerra o represión de elementos rojos, función que no compete a la Causa Nacional.

 

 En 1944 los resultados provinciales son recogidos por el general jefe de la Causa General que atribuye 85.940 ejecuciones, en una cifra tergiversada al duplicar los registros de una misma víctimas en el lugar del que es natural y donde fue detenido o ejecutado; a su vez, incluyen a hombres de izquierda, o cuanto menos apolíticos y víctimas de la violencia fascista.

 

 Una orden de julio de 1946 prorroga la normativa del 36 sobre el traslado de cadáveres con:

tanto si perecieron en las filas del Ejército Nacional como si sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas.

 

 Ramón Salas Larrazábal consigna 57.883 ejecuciones en zona nacional, de los que 22.641 serían durante la posguerra. Los analistas ponen en duda que ni tan siquiera revisase los registros civiles, como manifiesta, y pese a que muchas de las víctimas no fueron registradas cuando no hechas desaparecer. Larrazábal consigna en el penal de Burgos 761 identidades entre ajusticiados y paseados. Rilova establece 1138 muertos (393 ejecutados, 359 acogidos como fallecidos en la prisión y 386 desaparecidos), y se muestra prudente al determinar las sacas de «liberados». Los autores registran numerosos presos de otras demarcaciones que fueron conducidos al penal de Burgos para perder la vida.

                                                

Cardenal Gomá y Millán Astray


 RECUPERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

  El Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo crea el Archivo General de la Guerra Civil Española a partir de la documentación de la sección Guerra Civil del AHN. Entre sus fondos:

 

- Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA). Vista en el documento B), del apartado anterior.

- Delegación de Asuntos Especiales, según orden de 29 de mayo, para investigar las sectas secretas.

- Delegación Nacional de Servicios Documentales, dirigidas por Marcelino de Ulibarri y que se unifica en 1944 con la anterior.

- Tribunal  Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, constituido por Decreto del 4 de junio de 1940, hasta el 11 de febrero de 1964, en que le suple el  Tribunal de Orden Público (TOP), que se disuelve el 5 de enero de 1977.

 

 Según José Cruanyes el Archivo de Salamanca habría destruido ciento sesenta toneladas de papel para la fabricación de pasta por 17.000 pesetas.[5] El 19 de enero de 2006 el Archivo de la Memoria de Salamanca cuenta con 8000 cajas con unos cuatro millones de documentos. 500 cajas fueron trasladadas a la Generalitat, Ley 21/2005, de 17 de noviembre. A finales de 2008, quizás como compensación, incorpora una importante contribución de documentos que había depositados en el AGA de Alcalá de Henares.

 

 Entre los nombres registrables que presentaron las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica a la Audiencia Nacional fueron considerados 114.266 fallecidos en septiembre de 2008.

 

   LEVANTAMIENTO DE FOSAS

  La exhumación de los cadáveres ha sido un interés prioritario para los familiares de las víctimas, que quieren dar una sepultura digna a sus seres queridos. Con la llegada de la democracia se inician unos pioneros levantamientos de fosas. En 1979 Blás Bombín, edil electo en las elecciones en Torresandino, se provee de picos, palas y una escavadora para dar con parte de la fosa del monte la Horra. Intenta localizar a los seis vecinos de su municipio entre los que se encuentra su padre. Los métodos de identificación no eran los que contamos hoy en día.

 

 La acción recibe un impulso mayoritario con el nuevo siglo. Los vecinos de Hoyales de Roa tenían marcado la Piconada del tío Nogueras en el monte de la Horra como lugar desvelado por uno de los jefes de falange cuando se jacta de su hazaña, tres días después de su detención. Su exhumación se concluye a finales de 2002.

 

 Con las exhumaciones verificamos el número de víctimas, así como la confirmación de su identidad por medio del estudio personalizado de los cadáveres. En Aranda de Duero, en mayo del año 2003, equipos de la Universidad de Burgos exhumaron 85 cuerpos en Costaján, aparecidos en siete fosas con sacas de dieciocho tandas.

 

 En octubre de 2003, por mediación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, se exhumaron seis cuerpos localizados en una fosa de la localidad de Vadocondes, con vecinos de Santa Cruz de la Salceda, que fueron identificados al completo. A menos de dos kilómetros de la de San Juan del Monte, en la carretera en dirección a Vadocondes, se descubrió otra fosa con tres vecinos de esta última localidad que fueron paseados antes de mediados de agosto de 1936.

 

El 1 de Julio de 2004, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica realiza la exhumación de ocho cuerpos humanos que se hallaban depositados en una calera abandonada situada en una pendiente entre las localidades de Covarrubias y Hortigüela, en la proximidad a la carretera BU-905 y la ladera de bajada al río Arlanza. En el furgón fueron trasladados diez reos. Dos consiguieron huir, siendo uno de ellos acarreado por el señor Castrillo, alias El Alpargatero, que también fue conducido a la cárcel de Burgos, donde el reo volvió a ser fusilado, mientras que el «buen samaritano» fue liberado bajo amenaza si volvía a cooperar con los republicanos. En la relación de los inhumados se encontraban ocho varones que presentan al menos un orificio en el cráneo producido por arma de fuego. Todos ellos fueron identificados.

 

 En 2005, en la fosa de la Lobera aparecieron 46 cadáveres que habían sido sacrificados a mediados de agosto de 1936. Fueron ejecutados con un tiro de gracia por lo que se protegían al recibir el impacto mientras caían en la fosa. La inmensa mayoría se corresponden con ferroviarios sindicados pero también se cuenta la denuncia admitida por el juez Garzón de los descendientes de Macario Rodríguez y Ángeles Rodríguez, naturales respectivamente de Campillo y Aranda, que desvinculados de aspectos políticos se vieron involucrados entre las víctimas por motivos pasionales debido a que un líder falangista la pretendía y le condujo a la macabra muerte con la extracción del feto en vida de la madre.

 

 Ese mismo año, en Villamayor de los Montes se exhuma una fosa con los restos de 46 personas ejecutadas entre los días 14 y 15 de septiembre de 1936. Catorce eran vecinos de Gumiel de Hizán, igual número de Lerma, cuatro de Villamayor de los Montes, otros cuatro de Madrigal del Monte, dos de La Aguilera, dos de Villalmanzo, dos de La Horra y uno de Gumiel del Mercado. A ellos se suman tres identidades desconocidas, entre los que se pensaba pudieran estar los restos de dos periodistas, uno de los cuales era el padre de Sánchez Dragó.

 

 También en 2005, en Los Valladares de Vadocondes fueron exhumados cinco vecinos de Langa de Duero.

 

 El 18 de julio de 2006 se exhumó una fosa en Berlangas de Roa con cinco cadáveres. La Universidad Autónoma de Barcelona identifica a tres de ellos como vecinos de Haza que habían sido asesinados el 23-8-36: Julián Rodríguez, hijo del alcalde, Doroteo Sopuerta y Gregorio Benítez.

 

 Durante el verano del 2006 se descubren varias fosas comunes en la tierra de cultivo de la Andaya, a 3 kilómetros de Lerma, que se empezaron a utilizar el 3 de agosto de 1936 con parte de la corporación arandina, hasta el 12 de septiembre, que sale la última saca del penal de Burgos. Los distintos propietarios del terreno, entre los que se cuenta el conde Lazcoiti, quién vende al licenciado Lázaro y sus cuñados la finca de 120 ha. bajo el pacto verbal de respetar la zona en baldío. De los 85 cuerpos recuperados se tienen identificados 79, entre  los que se encuentran los alcaldes Felipe Gutiérrez de Aranda de Duero, Pedro Revilla de Nebreda y Bonifacio Ontoso de Gumiel de Hizán. El final de la exhumación practicada se concluyó el 25 de agosto de 2007 y se supone que al menos faltan por localizar dos fosas en esta ubicación. Por las sacas se considera al menos 116 identidades probables de la comarca que se encuentren allí.

 

 En 2006 se descubrió parte de una de las dos fosas que se encuentran en el Palancar, antiguo camino en dirección a Huerta del Rey, a 300 m. del cruce a Pinilla de los Barruecos. Localizada con exactitud la fosa, el resultado fue decepcionante, tan sólo se extrajeron botones, monedas y seis pares de suelas de goma. La explicación parece deberse a que se encuentra localizada en una torrentera que lava y disuelve los restos óseos. La condición para que se diera esta hipótesis es que los suelos sean ácidos y que hubieran dejado no obstante muestras dentífricas de los cadáveres. El 13 de septiembre de 2008 se  realiza una prospección en el terreno de la fosa de la Tenada de la Zorra, término también de Pinilla de los Barruecos, en la proximidad del cruce a Cabezón de la Sierra. La localización de unos restos óseos junto a un balín deformado y un par de suelas de zapatillas, dos carteras que contenían monedas de plata del reinado de Alfonso XII, y céntimos en curso legal de la II República, que confirman la ubicación correcta de la fosa. Se corresponde con los cuatro vecinos de La Revilla.

 

 En el verano de 2009 se recuperan los restos de 45 personas de una fosa de Milagros. El 12 de septiembre se exhuman en El Picón de Valdeabejas de Rabanera 5 cuerpos en una fosa que contenía cinco cuerpos. Tres corresponden a los vecinos desaparecidos de Hontoria del Pinar y entre los otros dos se cuenta con un menor que no tiene formada la cadera.[6] En el mismo año se descubre la fosa de Mambrillas de Lara, donde aparece una decena de casquillos, y se localizan dos fosas con cinco cuerpos y otra con uno, que corroboran la narración de los vecinos paseados de Castrillo la Reina.

 

 En julio de 2011 se exhumaron 59 esqueletos cubiertos con cal en la fosa de La Legua de Gumiel de Hizán. Proceden de una fosa distribuida en seis tandas y con espacio libre de 10 metros para futuras ejecuciones.

 

 

   RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

  En 2004, se crea una Comisión Interministerial para el estudio de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. El 14 de diciembre de 2006, estas organizaciones de familiares presentan ante la Audiencia Nacional denuncias por las detenciones ilegales que desencadenaron desapariciones forzadas constituyentes de presuntos crímenes contra la humanidad. Un paso adelante fue la polémica Ley sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (RMH), considerada para la Asociación y algunos partidos políticos como insuficiente en cuanto a que opta por declarar ilegítimas las sentencias franquistas, lo que impiden la nulidad y el sometimiento a una revisión de éstas; a la vez que tampoco contempla indemnización por parte del Estado.

 

 El 29 de enero de 2008 la Audiencia Nacional no admite a trámite las denuncias, que califica como delitos comunes y por tanto con prescripción; y aplica la Ley 46/1977, de Amnistía. La Fiscalía los considera un caso «aislado», y producto de un «accidente», delegando su competencia a cada partido judicial. Para Emilio Silva, presidente de la asociación para la RMH, estos planteamientos se sustentan sobre rotundas falacias –cuando hablamos de un mínimo de 114.266 víctimas–, a la vez que considera que las desapariciones forzadas de unos individuos generan derechos y la imprescriptibilidad. Idéntica interpretación redacta Amnistía Internacional en el informe Víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad, donde consideran un grave atentado contra el derecho internacional como crímenes contra la humanidad. «Ni el paso del tiempo ni actos de perdón cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas» (30 de marzo de 2006).[7]

 

 El artículo 12 de la Ley RMH, en el punto primero establece que el Gobierno subvenciona a las entidades sociales que intervengan en las exhumaciones. En 2008 se crea en Aranda de Duero la Asociación de Personas Asesinadas en la Ribera del Duero y comarcas limítrofes. Se presentan dos proyectos acogidos con una subvención de 60.000 € cada uno: el primero sobre Costaján y el segundo en la Andaya, la Lobera y la Horra. La finalidad es el reconocimiento genético mediante un banco de muestras de ADN. En los casos de fosas poco numerosas, donde se muestran pocas probabilidades, resulta suficiente con una prueba de paternidad.

 

 Los desaparecidos en la guerra civil española hasta la primera década del nuevo siglo padecieron un olvido considerable. En verano de 2008, el Juzgado de Instrucción nº 5, del que es titular el juez Baltasar Garzón, se atiene a las denuncias de trece Asociaciones: RMH de Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra, Toledo, Valencia, Valladolid, Sierra de Gredos localidad de Ponteareas, sindicato CNT –UGT lo hace la tercera semana de octubre–, y particulares, alguno burgalés como veremos, para llevar el caso de los desaparecidos ante el Ministerio del Interior. El 23 de octubre se encuentran personadas 22 partes en el sumario 53/2008.

 

 A la vuelta de las vacaciones de 2008, Garzón reconsidera y se atiene a la responsabilidad que tiene el Estado para solicitar la persecución penal contra los delitos de lesa en favor de los derechos humanitarios. Se atenta contra los autores de las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos. El magistrado exige la colaboración para elaborar un censo completo de las personas enterradas en las fosas comunes. La descripción de los lugares, y una posible relación de nombres de sus ocupantes se pueden encontrar en los fondos de Gobernación, que se localiza en el Archivo General de la Administración del Estado, sito en Alcalá de Henares, y de las que Garzón solicita referencias. Otras fuentes que se manejan son el fichero del Tribunal especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo que conserva el Centro Documental de la Memoria Histórica del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia; y sin encontrar colaboración por parte de los obispados pretende consultar los archivos parroquiales. Así mismo pide las sentencias del Tribunal de la Republica de Madrid.

 

 El 15 de agosto de 2008 se procede a exhumar la fosa comprendida entre los municipios de Vadocondes y San Juan del Monte (a escasos 200 metros de la otra que hemos referido) donde se localizan cinco resineros de Arauzo de Miel. El 31 de agosto se exhuma una fosa de Adrada de Aza con restos de nueve vecinos de Fuentelcésped y Sequera de Haza.

 

 La asociación para la RMH contabiliza más de medio centenar de fosas con medio millar de desaparecidos todavía por exhumar. Sólo en la Ribera el número de víctimas consignadas asciende a 800. En la fosa de la Andaya se han localizado 96 cuerpos y se sospecha de más fosas; la casilla de los peones camineros de Milagros, en la antigua Nacional I, se localizaron 45 cuerpos a mediados de julio de 2009 con vecinos de Aranda, Fuentelcésped, Fuentenebro, Vadocondes, Zazuar, Riaza y traídos del frente de Guadalajara cuando fue tomada.

 

 Garzón ha juzgado desde España los genocidios de Pinochet en Chile y los asesinatos de la cadena de mandos militares de Argentina. A últimos de agosto de 2008 se encontraba en Antioquía, examinando los restos de las FARC a manos de fuerzas paramilitares. Nadie es profeta en su tierra y en España es declarado incompetente para juzgar las desapariciones de la Guerra Civil. La Fiscalía se ampara en la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, que exculpa en el artículo 1º, contra la responsabilidad penal por delitos políticos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. En el 6º, la amnistía determina en general la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran con carácter  principal o accesorio… Al personal militar se le extinguirá las penas y se le reconocen sus derechos pasivos.

 

 El Comité de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional solicitan al Gobierno de España que derogue la Ley de Amnistía para que puedan juzgarse los atentados fascistas como el homicidio más numeroso que nunca ha sido investigado. El planteamiento es contundente, la ley de Amnistía, primeramente, atenta contra el derecho constitucional a la justicia. El Comité de Derechos Humanos y el Derecho Internacional exigen esclarecer las violaciones de los derechos humanos, juzgar y castigar a los responsables. Amnistía Internacional emite sendos informes: Ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad (15 de octubre de 2008); y La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo (noviembre de 2008).



[1] Gabriel Jackson, Entre la reforma y la revolución 1931-1939. p.12.

[2] Sheelagh Ellwood. Historia de Falange Española.

[3] Fuente: AHN, Legajo 1310. Signatura 5018.

[4] Javier Tusell, Las elecciones del Frente Popular. Cuadernos para el Diálogo. Madrid, 1972, II.

[5] Els papers de Salamanca, Barcelona 2005.

[6] Según Melchor Mediavilla se pudiera tratar de Emiliano Espinosa y Bruno Espinosa Martínez (hijo del anterior), que fueron cargados el 15-9-36, fecha de la saca de los vecinos de Hontoria.

[7] La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas fue aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992, por el alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

 [9] Carta del cardenal Gomá al cardenal Eugenio Pacelli (secretario del papa, Vaticano), informando sobre el levantamiento.  En el apartado 4: Características de la lucha. (doc.1-26, adjunto al 1-25, del 13-8-36).

[9] Op. cit, (doc. 1-28, del 17-8-36).

[10] Op. cit, Carta de Gomá a la Secretaría de Estado (doc. 1-60, del 20-9-36).

 

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