EXTERMINIO DE MAESTROS
- Pedro Ayala. Natural de Barbadillo del Pez. Presidente de
- Andrés Cristóbal. Ejercía
en Oca (Salas de Bureba). Se encontraba en Mambrillas de Lara donde tiene residencia
familiar. Tanto él como su padre fueron izquierdistas declarados.
- Camilo Domingo. En los informes del expediente de
- Francisco Feria. Maestro en los barrios de Cabañas y Matalindo de Santa Cruz de Juarros. Afiliado al FTE desde el 20-12-32. Su estado civil no le ayuda al encontrarse separado y «mantiene vida marital con otra mujer».
- Torcuato Gete. Maestro en Mahamud. Preso en Burgos el 12 de agosto del 36.
- Cristóbal García. Maestro en Gumiel de Hizán, y alcalde de La
Aguilera. Pertenece al FTE desde el 13-7-35. Fue dictaminado con «Separación definitiva y baja del escalafón»
(24-3-38).
- Leoncio Hernández. Maestro en Mamolar. Afiliado al FTE desde el
1-8-1935, y acusado de fundar
- Longinos Pascual. Maestro en Atapuerca. Natural de Villaescusa de
Roa. Afiliado a FTE desde 1-4-1933. La sentencia determina: «Separación definitiva del servicio de la
enseñanza y baja en el escalafón» (Madrid del 5-6-40).
- Felipe Antonio Llantada. Ejerce en Fuentenebro y anteriormente en
Nava de Roa. Detenido en julio del 36 por
- Juan Martínez. Maestro interino en Torrelara y con anterioridad en
Vega de Lara. Afiliado al FTE desde el 5-6-1933. Entre sus vecinos mostraba una
conducta intachable.
- Gregorio Nebreda. Interino en Lerma.
- Florentino Nebreda. Maestro de Villanueva de Gumiel. Había sido
alcalde de la gestora y luego concejal. El párroco en su informe declara que «se ha sabido que le fusilaron». Por
orden gubernativa del 21 de julio de 1936 fue detenido, según el alcalde, el 24
de agosto. Su expediente no se encuentra subrayado, como es lo habitual para
efectuar los cargos, debido al conocimiento de su estado. Fue sentenciado con «Baja definitiva» (30-7-37).
- Tomás Ruiz. Maestro en Santa Inés. Le fue interceptada
correspondencia del diputado de Izquierda Republicana Moisés Barrio Duque pidiéndole
que confeccionara
- Juan Francisco Sáez. Maestro destinado en San Martín de Rubiales.
Acusado de ideas marxistas. El tribunal dictaminó «Separación definitiva» (27 de noviembre de 1940).
El listado se incrementa si añadimos los considerados «huidos» que figuran como desparecidos:
- Gumersindo Caballero Ríos. Maestro de Cuevas de San Clemente. Es
acusado por el alcalde de «antipatriota e
izquierdista». Dictaminado con «Separación
definitiva y baja en el escalafón». Todos los declarantes sospechan que se
fue a Bilbao.
- Simona Ríos Meana. Maestra destinada
en Revilla del Campo.
El tribunal no determina el
paradero:
- Josefa Arribucea del Río,
maestra en Fuentelcésped. En los informes se la acusa de intervenir en el
nombramiento de la gestora y es considerada socialista republicana. Se
encuentra en Madrid opositando. Es dictaminada con «Separación automática y baja del escalafón».
- Victoriano Jiménez
Rodríguez, maestro de Fuentelcésped. Afiliado a
- Francisco López
Fernández, maestro en Torresandino de Esgueva. Se le cuestiona su afinidad al
Frente Popular y afiliación a IR. Es sentenciado con «Separación definitiva y baja en el escalafón» (5-XII-1940).
- Alonso Parra Fernández, maestro
interino en Boada de Roa. Los informes reprochan su conducta religiosa y
política, considerándole izquierdista. Suponen que se encuentra en su pueblo,
Santa M.ª de Neira (Almería). El tribunal decreta «Inhabilitación perpetua» (27 de noviembre de 1940). Es de consignar
que el comandante de puesto no alega nada y, muy al contrario, declara que «fue bueno el tiempo que estuvo».
DEPURACIÓN DE MAESTROS
La segunda república invertiría en educación y entre sus primeras medidas amplía el número de centros, como en Roa de Duero, donde se aprobó la construcción de dos nuevas escuelas,[1] se solicita su creación en Canicosa, Vilviestre y Palacios, mientras el de Quintanar de la Sierra se inaugura en agosto del 36; y hacia los magistrados, a los que les asigna una subida salarial considerable,[2] y a su vez, garantiza una educación laica, gratuita y obligatoria. Es el nuevo Plan profesional para la enseñanza que contempla la formación de los maestros. En Lerma todos los miércoles se desarrolla el Centro de Colaboración, donde se desarrollan conferencias organizadas por las Misiones pedagógicas que son impartidas por los propios maestros cursillistas, seleccionados por oposición entre los mejor formados, cuando tradicionalmente la educación se encontraba vinculada a las órdenes religiosas y se vieron privadas de sus privilegios. El alzamiento no se muestra interesado en una enseñanza generalizada, a la vez que tampoco se preocupa por la calidad ni aportar elementos de juicio, más bien se impartía doctrina nacional-católica. En Solarana, hasta su clausura por el bando nacional, figuraba una biblioteca remitida por el patronato de Misiones Pedagógicas, donde el maestro Modesto Carpintero Saldaña fomentaba la afición a la lectura.
Los maestros de escuela de la provincia mantienen
una tendencia derechista, afiliados a
Las mujeres también acusan la derechización, aunque comprendemos el difícil acceso a los estudios salvo para las familias desahogadas que inculcan los valores tradicionales. Agripina Sanz Adrados, maestra en Moradillo de Roa, pertenece a la extrema derecha.
Hubo excepciones, como Esther Martínez Calvo, maestra de párvulos en Salas de los Infantes, que se prepara en derecho y participa en mítines. Fue cesada junto a otros funcionarios que «se han significado en ideas contrarias al régimen actualmente constituido». En Palacios de la Sierra son detenidas hasta tres profesoras: Caridad Peraita Linares, maestra en Villamayor de los Montes que veremos a continuación, Primitiva Marcos Martín, maestra en Hornos de Mena, afiliada a FTE y acusada de asistir a mítines, por lo que la incapacitaron por dos años,[4] y Mercedes Chicote Alonso, maestra de párvulos en Roa, encausada por el gobierno Civil de ser izquierdista y sin pruebas la reintegraron en su puesto hasta ser trasladada como medida de distorsionar lazos ideológicos generados en su localidad.[5] Todas ellas estuvieron entre rejas en la prisión de Burgos.
Por Real Decreto 66, de 8 de noviembre de 1936,
Pese a tener conocimiento del fusilamiento de
algunos magistrados, la comisión siguió dando curso a los trámites, que parecían
dictaminar lo ya ejecutado y, a su vez, no dejar probado el exterminio. Sobre Camilo Domingo, considerado dirigente
del Frente Popular, fue apresado en la casa de su hermano, quién ejercía como
secretario en Arauzo de Salce, donde no se le permite terminar su comida. Es
detenido una segunda vez sin consecuencias; y a la tercera, el primero de
septiembre se entrega en Pinilla Trasmonte, pasa a figurar entre los
desaparecidos. Ciriaco Benito, alcalde-presidente del pueblo donde impartía
clase, comunica que «según noticias
auténticas y bien justificadas ha sido fusilado» (21-9-1936); versión que se
corrobora en el informe del párroco, ambos con conocimiento de los hechos (prueba
es que los impresos no tienen subrayados los aspectos recriminatorios, como
apreciamos en algún caso más de asesinados). Aún así,
Los dictámenes más habituales eran de
confirmación en el cargo pero la cosa se podía torcer por una declaración
desafortunada. Antonio Peñas Gete, cura párroco de Quintanarraya, manifestó en
el informe sobre José Miguel Moncalvillo cierto rencor a la situación
privilegiada adquirida por el profesorado: «el
aumento de paga de la república les ha hecho un poco soberbios a este y a casi
todo el Magisterio y conviene se les haga humillar». De los cuatro informes
es el único que se muestra desfavorable para un magistrado de familia con
tradición en el pueblo y que le respaldan con 76 firmas de los 90 vecinos que
contaba el municipio. La comisión, no obstante, considera el parecer del
párroco y le sanciona dos meses con medio sueldo (dictamen del 30 de junio de
1937). Los tópicos represivos son repetidos en los magistrados, acusados por
rencillas de una minoría, y cambian de chaqueta para salvar el pellejo. Hilario
Madruga de los Mozos, de Brieva de Juarros, de no pisar la iglesia y organizar
mítines de izquierda se transforma en un exaltado militante de Falange de «comunión diaria». Félix Pérez Velasco,
considerado de los radicales de Lerroux, pertenecía a
El maestro de Salas de los Infantes, Florencio Pérez Barrio, de ser acusado de izquierdista y poco amigo del templo, pasa a mostrarse de derechas y buen cristiano; aún así, se penaliza su pasado con traslado. Francisco Calderón Soto, durante tres lustros profesor en Monterrubio, recibe informes desfavorables mientras el pueblo, entre los que se recogen las firmas de sus acusadores, terminan por avalarlo mayoritariamente; y se muestra como atenuante la baja en la militancia desde 1934.
Todos estos
factores se repiten en el extenso expediente de Félix Lara Saldaña, maestro en
Vega de Lara –con anterioridad en Torrelara,
Campolara y Mecerreyes– que recibe acusaciones
de haber pertenecido al Partido Radical Socialista, que el mismo reconoce en un
pasado remoto en el que militaba en
La persecución obsesiva del comandante de puesto de Covarrubias que arremete contra el maestro de la localidad Andrés Puente Pineda, acusado de embriagarse, lo que fue rebatido por la comunidad. En el municipio se considera la buena acción ejercida por Juan Sainz García, cura párroco, que podemos avalar según los informes del maestro donde no elude que sea izquierdista pero «sin afectar a la educación», y le considera religioso; en otro informe declara que tan sólo es «un poco izquierdista», coincidiendo con el alcalde, y le justifica «porque era lo que primaba». Ambas acusaciones fueron desestimadas por
Publio San Juan Puente, maestro en Cilleruelo de Arriba, es consignado por todos los informantes como persona de izquierdas, al igual que otros miembros familiares como su hermano. Su hijo Julio, deficiente psíquico, fue maltratado y exterminado mediante saca; mientras a él le beneficia la «buena conducta moral y religiosa» declarada por todos los curas de las demarcaciones por donde había deambulado, así como por un cambio de actitud, contribuciones al «plato único» y al no constar afiliación alguna. Presenta una hoja de servicios repleta de méritos, pero ya se encontraba destituido antes del dictamen de Depuración: «Separación definitiva», en julio del 37.
Gerardo Ayala Peraita fue acusado en todos
los informes de simpatizante izquierdista en Quintanar de la Sierra. La
comisión considera que es consciente de los actos imputables en favor de la
República, así como de querer coaccionar al párroco Antonio Santamaría Puerta con
una carta en poder del tribunal donde pide «compasión»
al sacerdote cuando elabore su informe. El tribunal se atiene a la observación
de la inspectora (vocal en
Justino Peñalba Ortega, maestro en Pinilla de los Moros –anteriormente en Iglesiapinta, Vizcainos y Piedrahita de Muñó–, pese a recibir un informe favorable del alcalde, éste es desestimado por la inspectora que lo considera redactado por el secretario del pueblo que es su padre; un segundo informe del alcalde ratifica la correcta actitud política y religiosa. La inspectora le recrimina impartir «conferencias extremistas mostrándose partidario de la disolución familiar», por lo que debía ser destituido de su cargo. Se le acusa de hacer propaganda en las clases nocturnas empleando El Heraldo. Muchas más son las acusaciones que se vierten sobre él, de ser «miembro de la CNT» o «no haber sentido la muerte de Calvo Sotelo». La losa que le vinculaba con las izquierdas era haber sido «interventor del Bloque, de Barrio Duque» en las elecciones de febrero. El dictamen fue el «Traslado forzoso fuera de la provincia con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de cinco años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de Enseñanza». La correspondencia que recibía era controlada, de parte de alumnos agradecidos. A éste, como a otros maestros les sometieron al «exilio», donde les continúan vigilando el correo.
Entre los cuestionados por su conducta moral y
educativa, se encuentran: Gorgonio Benito Arribas, maestro de La Gallega, acusado
de embriaguez es trasladado por la confirmación de la inspectora de su dejadez
en la escuela; Esther Martínez Calvo es recriminada por propugnar el amor libre
entre sus alumnos, cuando cuida párvulos, y es destituida como funcionaria por
la junta de gobierno militar y presa en Burgos del 5-9-36 al 1-7-38;[6] el
maestro de Palacios de
Entre los que sufrieron un largo
encarcelamiento se encuentran Felipe Cristóbal González, natural de Covarrubias
y asentado en Mambrillas, donde se le recuerda como radical (se debe considerar
la pérdida de su hijo, también maestro). No obstante fue un activo miembro
directivo de
Elena Cantero Monzón, se tuvo que enfrentar al informe del alcalde-presidente implantado con el levantamiento en Villalmanzo, Luciano Obregón Martínez, que recriminó su comportamiento tras la apertura del curso; y le reprochaba su conducta religiosa y política. La defensa de la maestra propietaria ante los cargos que la imputaban es contestada con informes que la califican como «religiosamente ejemplar» en Pesquera del Ebro, destino donde ejercía tres años antes; y otro de Quintanilla Escalada, donde residía. La comisión desestimó la defensa por tratarse de mucho tiempo atrás (junio del 33). Tampoco sirvió de mucho el informe positivo del padre de familia y las 281 firmas de apoyo de los vecinos del pueblo, entre ellas curiosamente la del primer edil (20-4-40); que no cuentan frente al testimonio del párroco y el jefe de la guardia Civil. La propuesta de la comisión fue de «Traslado a otra escuela de la provincia y prohibición de solicitar vacantes durante un año e inhabilitación de ocupar cargos directivos», según orden 8 de septiembre de 1939. El tribunal de Madrid lo firma a 28 de febrero de 1942. El 3-3-42 se revisa a petición de la interesada. La revisión del juicio desestimó las anteriores acusaciones que prima la valoración efectuada por Julio Martínez Marcos, jefe local de Falange de Villalmanzo.
Caridad Peraita Linares, maestra en Villamayor
de los Montes e hija de Vicente,
médico de Palacios de
El caso de Andrés Sáez Jiménez es muy curioso. Un joven maestro que había obtenido la plaza mediante cursillos se encontraba
ausente de Espinosa de Cervera al estar de vacaciones desde cinco días antes
del levantamiento. Por su expediente sabemos que no era del agrado del alcalde impuesto
Luis Nebreda, ni del cura Rufino Nebreda Gil, que también le reprochaba su orientación
religiosa y política. El comandante de puesto apunta su activismo en el
movimiento de Asturias del 34 y su participación como ponente en mítines
provinciales. El tribunal le imputa ocho cargos, tachándole de anarquista y su pertenencia
a Trabajadores para
Germán González Egido, natural de Santoyo (Palencia) en 1890, se encuentra en paradero desconocido desde el 21 de julio del 36. Es maestro en Quintanamanvirgo y se le considera líder comunista comarcal. Se desplaza a Vizcaya, Santander y Asturias, «siendo detenido cuando huía por mar». En causa sumarísima de «Excitación a la rebelión» es condenado a doce años de prisión mayor e indultado en el año 49. La familia aporta el poco oro que posee para la causa del ejército sublevado, donde dos hijos suyos se alistan como voluntarios.
Gerardo Anievas Arazón, maestro de Castrillo de la Vega, afiliado a FTE y secretario del Consejo local de Primera Enseñanza. Es detenido y suspendido de empleo y sueldo. Considerado «irreligioso, marxista e indeseable». La comisión propone separación definitiva del cargo y baja en el escalafón. (14-1-38).
Tampoco se libran de la depuración los alumnos
de grado profesional. Eloina Ruiz García, alumna de cuarto curso en prácticas
en Hoyales de Roa y anteriormente en Quintanamanvirgo y Anguix, pertenece a
- Germán González Tejido, maestro en Quintanamanvirgo, es considerado como el cabecilla comunista comarcal. En paradero desconocido desde el 21 de julio del 36.[7] La depuración del magisterio ya le dictaminó «separación definitiva», según la sentencia del 25-3-38, confirmada el 4-4-39, y elevándose a definitiva por Orden Ministerial de 19-12-39. El caso de Germán es curioso porque en el año 1956 pidió la revisión. La comisión valoró su catolicismo y dictamina reintegrarle, pero dada su imposibilidad para el ejercicio, contando con 69 años, sentencia del 27-1-58.
- Fortunato Ovejas Bombín,
natural de Valcavado, fue dictaminado con «Inhabilitación
perpetua para el desempeño de la función docente» (Burgos a 28-9-42). Una declaración suya ofendió al nuevo
comandante de puesto de Roa en 1942, por la que le denuncia bajo las
calificaciones de «lugarteniente del
maestro de Quintanamanvirgo», «izquierdista
consumado», y participante en los mítines, donde presenta a los oradores; y
es acusado de querer abrir una escuela laica en Roa. Es recriminado por
pertenecer a
- Faustino Corbella del
Palacio, maestro de Mambrilla de Castrejón, afiliado de la FTE por la sección
de Burgos desde el 1-1-32 y a
- Pablo Izquierdo Ortega,
maestro en Villahoz, se le propone «separación
definitiva» (3-9-37) y le caen «Dos
años de suspensión de empleo y sueldo, traslado forzoso fuera de la provincia y
prohibición de cargos durante cinco años» (Vitoria 4-4-39), siendo idéntico
el veredicto del Juzgado Superior de Revisiones (Madrid 7-4-42). Es acusado de
pertenecer al FTE, donde aparece como uno de los mayores cotizantes. Exponemos
la curiosidad de tener un «Testimonio
Confidencial» que tan sólo dice: «Izquierdista
activo protegido».
Las sentencias fueron revisadas desde el
gobierno central intentando que la represión fuera equitativa a nivel nacional.
Se ven suavizadas y se rebajan las penas impuestas, entre otras razones, por
falta de profesionales. Los correctivos y la moral ya se encontraban minadas.
[1] El 9 de enero de 1933 el
alcalde de Roa ingresa 68.422 pts. en el Libro
Diario General de Entrada de Depósitos.
[2] Se establece en la media de una tercera parte, según decreto
de 23 de junio de 1931.
[3] Expediente de depuración del maestro Carlos Guijarro
Martín. Declaración del oficial de guardia de Fuentecén, Bernardino Gonzo Pérez,
del 31-1-37.
[4] Comisión Depuradora del
3-1-38.
[5] Idem, 28-11-38.
[6] Pertenece a una familia de
izquierdas muy perseguida en Salas de los Infantes, hija de Federico y sobrina
de Pedro, Maximiliano, Lucio.
[7] Se desplaza a Vizcaya, Santander y Asturias, «siendo detenido cuando huía por mar».
Condenado por causa sumarísima de «Excitación
a la rebelión», por lo que fue condenado a doce años de prisión mayor
-indultado el 16-2-49-. La familia tiene que contribuir aportando el poco oro
que posee para la causa del ejército sublevado, donde se alistan como
voluntarios dos hijos suyos.
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