viernes, 18 de febrero de 2022

COMISIÓN CENTRAL DE INCAUTACIÓN DE BIENES. EXTERMINIO Y REPRESIÓN EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS


TRIBUNAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS (TRP)

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 Los resineros de Hontoria del Pinar instruidos, informados y unidos


 Por encima del importe de la cuantía de las sanciones económicas se encuentra la dificultad de poder pagar en momentos donde se carece de liquidez porque apenas hay dinero y tuvieron que recurrir al empeño. Los costes del trámite de la incautación los costeaba también el afectado y eran de más de 200 pts, a lo que hay que añadir las dificultades físicas para efectuar los pagos.  


  COMISIÓN CENTRAL DE INCAUTACIÓN DE BIENES

  Las sociedades, Casas del Pueblo y los partidos del Frente Popular fueron sometidas a la Incautación de Bienes. Los responsables de las subastas aportaron las contribuciones de 250 pts. «de los bienes muebles incautadas al centro socialista de Zazuar»; de los alcaldes de Tórtoles de Esgueva y La Vid con 16´50 pts., el de La Horra con 169 pts., Peñaranda de Duero con 215 pts., Torresandino de Esgueva 151´90 pts., Santa Cruz de la Salceda 6 pts. y las 704´40 pts de la venta de bienes muebles de la cooperativa El Porvenir de Nava de Roa. *

  También incautan las cuentas corrientes

-        1791´57 pts. Mutualidad obrera de Burgos

-        1845      pts.  Agrupación socialista

-              2´53 pts.  Sociedad de Trabajadores con hierro y similares

-            94´22 pts.  Sociedad de Trabajadores de la madera

-            10´24 pts.  Agrupación de empleados municipales

-          156´03 pts.  Sociedad de Dependientes de Comercio e industria

-          677      pts.  Oficiales de peluqueros y barberos

-          546´88 pts.  Cooperativa textil

-        2560´68 pts.  Sociedad automovilística burgalesa de «chaufeurs»

-          203´07 pts.  Sociedad de dependientes de espectáculos públicos

-          163´46 pts.  Sociedad de pintores

-              3´52 pts.  Harineros y molineros

-              2´52 pts.  Panaderos

-              0´51 cts.  Sindicato de la Aguja de Burgos

-         2553´19 pts.  UGT

-            78´24 pts.  Aguas, gas y electricidad

-        1083´79 pts.  Grupo Artístico de la Casa del Pueblo

-              7´88 pts.  Federación Local de Sociedades obreras

-          164´88 pts.  Sindicato de Trabajadores de la piel

 

 Por decreto de 10 de enero de 1937 se amplía la confiscación a las personas que los integraban y se ordena dirigir el procedimiento:

contra todas las personas que se consideran desafectas al régimen o que por sus ideas o actuaciones anteriores fueran en algún modo responsables de actos de oposición al glorioso movimiento nacional



* HPBU. Libro de Hacienda de Burgos. Libro Diario General de Entrada de Depósitos de los años 1936 a 1938, procedente de la Delegación de Hacienda de Burgos, entradas del 7- 6- 37, 21-6-37, 3-7-37, 12-7-37, 6-8-37, 21-10-37, 20-1-38, respectivamente, que ingresan en la Comisión Central Administradora de Bienes incautados de las subastas de los bienes de los Centros Obreros. Y las cuentas en 11-12-37.

Las autoridades militares elaboran nuevas listas junto con una relación de los bienes que poseen los acusados, quienes son embargados hasta establecer su responsabilidad criminal o civil. El teniente coronel Antonio Almagro Méndez, gobernador de Burgos, hace balance del año 1937:

 Cuando me posesioné en el cargo me encontré con un gran número de detenidos que no bajarían de 1.400 aproximados y de la inmensa mayoría de los cuales no había, entonces por lo menos, antecedentes contrastados; y en vista de ello se formó un expediente a cada uno, con información de la Guardia Civil, Alcaldes, Curas Párrocos y Jefes de Falange, donde los había, y aún en algunos casos de otras Autoridades o de personas de reconocida solvencia moral y política, lo cual sirvió para ir poniendo en libertad a aquellos contra los cuales no había grandes cargos, para confirmar la prisión de otros, o para sustituir éste por extrañamiento cuando así lo aconsejaban las circunstancias.

 En Noviembre de 1937 todos los detenidos gubernativos se pusieron a disposición de la Autoridad Militar, con su historial correspondiente.

 Por mí se han decretado cuantas multas fueron precisas para sancionar tibiezas o falta de entusiasmo en el fervoroso acatamiento de las medidas de gobierno, y en cuantas ocasiones se manifestaron acusadas de rebeldías muy contadas por cierto obré con energía ordenando detenciones y deportaciones, según los casos.

 Debe hacerse observar que la mayor parte de las multas han sido tramitadas por la Junta Provincial de Incautación de Bienes.

 

 Cada provincia cuenta con su propia delegación, constituida en Burgos el 30 de enero de 1937. Este año expide 1.082 expedientes que incautan un total de 1.048.140 pts. Las cuantías son bajas para asegurar la solvencia en el pago debido a que las economías son débiles: Enrique Abad Simón, teniente alcalde de Pardilla por Acción Republicana, es despojado por el embargo de 60 fanegas de trigo, 26 de cebada, 6 de avena, 60 cántaras de vino, 2 machos, 6 ovejas y el fruto recogido en el 38. El TRP le inhabilita durante 8 años para ocupar cargos públicos y le sanciona económicamente con 750 pesetas. Las incautaciones rondan una media de diez mil pesetas impuestas al comerciante Victoriano Ruiz Septién, 2º teniente alcalde de Zuzones, a quien en abril del 38 le incauta 921 pts, correspondientes a 121 cántaras de vino, y abona el importe de la sanción a primeros de noviembre del 38; mayor para la familia del posadero Eligio Plaza Perdiguero, teniente alcalde en Peñaranda, a quienes le fueron embargados todos sus bienes siendo propietario de buenas tierras de cereal y viñedos para tener que soportar una sanción por un importe de 30.000 pts.[1] 


El informe del gobernador de Burgos determina que se pretende esquilmar los recursos de los enemigos potenciales:

 

  La comisión consideró como fin básico de la incautación de bienes el castigar con sanciones económicas a los responsables de los daños que sufre nuestra Nación por la actuación anti-española de los que militaron en los partidos que integraron el Frente Popular. Era necesario privar de medios económicos a aquellas personas que se opusieron por actos anteriores, coetáneos o posteriores, al triunfo del Movimiento Nacional; había que evitar que dichas personas por su influencia en la vida económica causasen daños irreparables, a través de poderosas empresas, al nuevo régimen.

 

 La comisión está regida por Jueces instructores que examinan las declaraciones de los acusados. A ellos van «uniendo los informes de las Autoridades y cuantos datos creyeron precisos», cumplimentados por el comandante de puesto de la Guardia Civil.

 

 Al lado de esta pieza de responsabilidad personal, existe la pieza de embargo de bienes, tramitados por los Jueces de Primera Instancia y por su delegación por los Jueces municipales de los pueblos respectivos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Expediente se cursa a la Comisión Provincial, para que ésta haga la propuesta y remita lo actuado al Sr. General Jefe de la Región Militar correspondiente.

 

 El gobernador concluye que el enemigo no cuenta grandes fortunas:

 

 En la provincia de Burgos se observó que la mayoría de los expedientes, en un porcentaje abrumador, recaían sobre campesinos, propietarios de un patrimonio familiar de cuantía no superior a diez mil pesetas. También se observó que gran número de los expedientes iban dirigidos contra titulares que habían fallecido, por cuyo motivo el expediente se seguía en la práctica contra la viuda y los hijos del propietario.

 

 El Gobernador precisa que debido a la delicada situación económica de los individuos, así como el costoso proceso requerido en la tramitación del embargo, aconseja la sanción reducida antes que llegar a consecuencias negativas por las cuales:

 …se conviertan en braceros o mendigos, creando un problema social en algunas provincias en donde el problema del campo no existe. También se evita con esto la concentración de estas pequeñas propiedades familiares en manos de unos pocos y la defensa del patrimonio agrícola familiar que el Fuero del Trabajo quiere defender a toda costa.

 

 Se decanta por multas ejemplares del 20% del valor de unos bienes que constituían la base necesaria de una economía de subsistencia y no de excedentes. Se aprecia una tasación con tendencia alcista para sancionar en mayor cuantía a los acusados.

 

 Antonio Ruiz Vilaplana, secretario instructor de la Comisión de Incautación de Bienes considera que ésta se ejercía sobre las personas que no le eran gratas al mando militar dominante, siendo habitual que las milicias y vecinos se proveyeran de los bienes antes de la incautación. En Gete se tiene orden de incautar los bienes del alcalde Marcelino Diez Izquierdo por ser «ate y con ello considerarlo «rojo». Los caciques locales hablaban de matarle, pero sus dos niñas y un bebe de un año pudieron salvarle al cuestionarse los exaltados «qué hacemos con los hijos». De lo que no se libra es del embargo de bienes y víveres, como chorizos y gallinas que también le fueron saqueados por sus vecinos atendiendo al «Como estáis embargados…», por lo que cualquiera se creía con el «Derecho Nacional». Entre otros bienes se vieron privados de la paja, el grano y los animales; salvo la matanza que consiguen ocultar en la casa de la suegra, en el pueblo de Carazo. Además, tuvieron que soportar vejaciones y humillaciones de sus conciudadanos durante la posguerra (se maltrataba a su ganado, y tuvo que desistir de ejercer de matarife al encontrar boicoteada su venta). A los hijos de Marcelino se les amenazó en el pueblo con no admitirles en la escuela, represalia que no tomó efecto. No pisaba la iglesia pero en los tiempos de exaltación revolucionaria custodiaba las imágenes religiosas en su casa. La sentencia absuelve a Marcelino aunque no de la incautación de bienes sometidos a subasta y las costas de la tramitación del expediente, mientras, a Lucas Izquierdo Andrés y Lorenzo Izquierdo Olalla, quienes también estuvieron embargados con la asignación de un valedor para que no se desprendieran de sus propiedades, fueron multados con 500 pesetas por su filiación socialista. 


 CÓMO SE MATERIALIZA LA REPRESIÓN

  Según la ficha de la Prisión podemos precisar detalles determinantes para Baldomero García Perahita, panadero de Barbadillo de Herreros que ingresa el 29 de agosto de 1936 en la Prisión Central de Burgos con una «orden secreta»; y consta su salida el 5 de septiembre de 1936 en que «Es entregado a fuerzas de Falange Española en virtud de orden gubernativa que se une al expediente de Félix Lalinde Martínez». Se ignora su paradero pero forma parte de una saca constituida por diez reclusos. Según el conocimiento de la familia, hace suponer que se encuentren en Estépar. Un familiar, participante en los fusilamientos, que por un día no le tocó asesinarles, les informa de que su hermano Julio se lo llevaron muerto. Esto lo ratifica su hijo Jesús García con la ficha penitenciaria que no lleva la huella dactilar que se registra a la entrada.[1] Cotejando las fichas de los hermanos  y la de Anastasio García, con iguales vicisitudes que los anteriores en todo el proceso penitenciario, verificamos que tan sólo su ficha va cumplimentada a máquina de escribir, como si hubiera seguido un proceso distinto y la mano humana no quisiera dejar rastro.

 

 Desde muchos lugares se escucharon con ecos atemorizadores las ráfagas fusileras. En la proximidad a la tenada de la Zorra, en término de Pinilla de los Barruecos, a unos veinte metros del camino que va a Cabezón de la Sierra, por el atajo que hay desde el cruce de la carretera, fueron sacrificados al alba los apresados en La Revilla. La fosa había sido cavada el día anterior, y un pastor lo presencia en la proximidad, escuchando los gritos de «¡Piedad, por mis hijos!». Uno de los verdugos no se encontró capacitado para desempeñar su misión, sufriendo un desmayo, y el arma le fue arrebatada para empuñarla uno de los nuevos ediles impuestos por el poder militar.  Entre fogonazos se escuchó: «¡Viva la República!». A mediodía, afloraba un puño cerrado, por lo que se sepulta recubriéndolo bajo un túmulo de piedras. Esta situación la hemos escuchado, entre otros, a Antonio Ruiz Vilaplana, secretario del Juzgado Instructor de Burgos, cuando refiere a otra fosa donde igualmente los carroñeros escarbaron el terreno.[2]  

 

 En el mismo término, en el camino situado en el cerro de Pinilla a Huerta, se localiza otra fosa, que parte ha sido levantada por deseo expreso de sus familiares, vecinos de Vilviestre, Mamolar  y Castrillo de la Reina, a sabiendas de su localización que había sido abierta y sepultadas por los peones camineros obedeciendo órdenes; ésta en concreto había sido cavada por Fernando Penche, natural de Castrillo y casado con una vecina de Pinilla de los Barruecos donde reside. El fusilamiento es ejecutado por pelotones de adscripciones distintas de la de residencia de los reos, para así desvincularlos en lo posible de sus víctimas y evitar sentimientos de conmiseración. En el lugar se encuentra un árbol mellizo que recuerda lo acaecido, uno de sus troncos tuvo que ser talado mientras el otro muestra como fue alcanzado por un proyectil. El pino se nos muestra como símbolo del sufrimiento padecido en la contienda.

 

 Las viudas intentaron pedir el reconocimiento de su estado civil para acogerse a su nueva condición, lo cual resultaba harto complicado al no poder presentar dos testigos. A parte de tener que mediar con el juez, no era fácil la convivencia en la comunidad. En el caso de Victoriano Sanz, de Hontoria del Pinar, su viuda tiene que soportar todo tipo de insultos, y se les prohíbe ofrecer misas y respetar el luto por la muerte de su marido bajo la amenaza de humillarla a ella y a su hija de corta edad con cortarlas el pelo y pasearlas desnudas por el pueblo. Pese a pertenecer a la cofradía de la Veracruz no pudo ser inscrito, cuando habían estado contribuyendo religiosamente las cuotas correspondientes. La situación de los huérfanos ante estas condiciones vejatorias son de culpabilidad y, tanto es así, que su hija Ángela termina formando parte de una hermandad de religiosas cargando con la intranquilidad de no conocer «qué pudo haber hecho su padre». Un familiar se lo contó para aliviar su conciencia.

 

 En el municipio de Mamolar, Cándida Bartolomé era la esposa de Herminio Peraita, panadero y molinero –primo de los asesinados en Barbadillo de Herreros–; tramita su estado civil el 8 de noviembre. Dos días después lo efectúa Pilar Palacios Mozo, cónyuge de Dionisio Peña. El estado hace frente a esta demanda generalizada mediante Decreto 67/1936, de 8 de noviembre, para intentar normalizar la situación familiar de los afectados por «desaparición de personas». Debemos hacer constar que muchas veces no se registra a los fallecidos, mientras que en otros casos consta que ésta no se efectúa hasta después de la ley de amnistía. Salustiano Castaño no será inscrito hasta el 18 de diciembre de 1980, y el 29 de enero de 1981 el juzgado certifica que falleció el 24 de septiembre de 1936.

 

 Los bienes y propiedades cambian de manos, como en el caso de Miguel Varga de San Millán de Lara. El artículo 3º del capítulo I de la Ley de Responsabilidades Políticas establece que los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de ley perderían la totalidad de sus bienes que pasan a ser sedes de falange, como en Quintanar de la Sierra.[3] En Burgos se asienta el Almacén Nacional de todo lo que se expolia a los embargados. Conrado Granados efectuó el inventario del patrimonio histórico de la UGT, apreciando el desorbitado número de objetos de gran valor de los que se apoderan los afectos al régimen, entre los que se encuentra la mismísima Carmen Polo.

 

 El 2 de septiembre son destituidos los jueces y fiscales municipales de «actuación negligente, contraria al movimiento nacional o poco patriótica». Por el artículo tercero del Decreto 108, de 16 de septiembre de 1936, se establece la suspensión de funcionarios o empresas contratadas por la administración que se manifestaran igualmente. En Salas de los Infantes fueron destituidos los vigilantes de arbitrios Bonifacio Barriuso y Alejandro García; el guarda de campo, Aureliano González; el pesador y barrendero, Felipe Peñalba; los guardias municipales Amalio Llorente Rojo y Emilio Montero Elvira; y Esther Martínez como educadora de párvulos. Es fácil adivinar la afinidad de los que ocuparon las vacantes.

 

 La represión alcanza en las mujeres tintes vejatorios, que suelen ser esposas, hermanas e hijas de los izquierdistas. En Vilviestre, Fuentecén, Hoyales de Roa, Olmedillo de Roa, San Martín de Rubiales, Torresandino y Roa les hacen cantar el Cara al sol con la cabeza rapada (pelonas) y un quiqui donde atan un lazo con los colores de falange. Las sanciones económicas impuestas son muy duras para viudas que se quedan en paupérrimas condiciones para afrontar tiempos de miseria mientras contemplan como se apropian de sus pertenencias. La casa en la plaza de Roa, donde Hilario Esteban es concejal, termina en propiedad de su asesino. La humillación se cierne sobre personas indefensas conviviendo con sus verdugos que les hacen sentirse culpables ante una comunidad que les oprime para identificarse entre los vencedores. En Aranda de Duero los fines de semana se organizan desfiles burlescos con una treintena de represaliados. Se tiene constancia de que se ejercieron violaciones pero son muy difíciles de atestiguar. Digna Cristóbal, de Villafruela, se resistió a que le fuera rapada la cabeza y termina siendo asesinada.

 

 

   LA INFORMACIÓN SOBRE EL FRENTE

  Las informaciones que llegan del frente se encuentran manipuladas, como se desprende del comunicado dirigido al gobernador general de Burgos, del 20 de octubre de 1936:

  Sírvase VE. Dar instrucciones generales a los encargados del servicio de censura de Prensa y Radio en territorio ocupado por Ejército Nacional a fin de que no den en periódicos ni se difundan noticias relativas a distribución de columnas, movimientos de tropas… que pueda facilitar acciones del enemigo.

 

 Era imposible adquirir El Heraldo de Madrid, El Sol o El Socialista; y tan sólo se dispone de las afines al nuevo régimen: El Castellano, órgano de la Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos con una tirada de 3.427 ejemplares; y el Diario de Burgos, dirigido por Francisco Estévanez Rodríguez con una media diaria de 4.930 ejemplares. La prensa aplicaba un sobreprecio para la difusión de ejemplares entre los combatientes. El porcentaje estipulado en 1938 era la adquisición por una de cada ocho familias. Publicaciones semanales como El Debate, El defensor de los labradores –reimpresión de El Castellano­–, el comarcal claretista El Eco de Aranda. [4] Y otras publicaciones de FET de las JONS como el agrícola Vertical y el de Falange de Cataluña, Destino.

 

 En la noche del sábado 21 de noviembre, desde el micrófono de radio nacional, Inter-Radio Salamanca, el general Millán Astray tuvo la osadía de manifestar: 

 Os engañan vilmente los que dicen que nosotros fusilamos a cuantos enemigos o prisioneros caen en nuestras manos. La pena de fusilamiento sólo se aplica a los que por sus crímenes y asesinatos han caído bajo la ley.

 

Millán Astray condecorado como el martir de la legión tuerto, manco y cojo, a lo Blas de Lezo 


Sin embargo, su divisa legionaria repetida una y otra vez era el «¡Viva la Muerte!». Se escuchara o no su emisión (parece probable que fuera que sí, por la respuesta del ataque contra el objetivo que había identificado en su presentación Giménez Caballero); y que fue publicado en el Adelantado de Salamanca, al igual que se hacía con todos los discursos, que eran transcritos al día siguiente en publicaciones impresas.

 

  Las informaciones más deseadas provienen desde el frente en el que se encuentran los seres queridos, comunicados por carta dirigida a sus familiares; y mediante avisos transmitidos por los compañeros de campaña que disfrutan de días de permiso.         



Azaña en Alcalá de Henares

 

 Manuel Azaña, en el primer aniversario de iniciarse el conflicto, declinó en el Paraninfo de la Universidad de Valencia un discurso moral sobre la guerra de exterminio. El presidente dejó claro el sentimiento de su país:

 …ninguna política puede fundar en la decisión de exterminar al adversario; no sólo –y ya es mucho– porque moralmente es una abominación, sino porque, además, es materialmente irrealizable; y la sangre injustamente vertida por el odio, con propósito de exterminio, renace y retoña y fructifica en frutos de maldición; maldición, no sobre los que la derramaron, desgraciadamente, sino sobre el propio país que la ha absorbido para colmo de su desventura… nuestro país, el día de la paz, pueda entrar nunca en un rapto de enajenación por las vías del odio, de la venganza, del sangriento desquite. Odio y miedo causantes de la desventura de España, los peores consejeros que un hombre pueda tomar para su vida personal, y sobre todo su vida pública. El miedo enloquece y lanza a las mayores extravagancias y a los más feos actos de abyección; el odio enfurece y no lleva más que al derramamiento de sangre. No. La generosidad del español sabe distinguir entre un culpable y un perseguido, entre un culpable y un inducido o un extraviado…[5]

                                          

 Los presos son obligados a realizar trabajos para levantar edificaciones en San Leonardo de Yagüe y en el mismo monasterio de San Pedro de Cardeña donde se encuentran encarcelados desde el principio de la guerra; limpiar canteras de piedra y tender caminos en Los Ausines, trabajando en la línea férrea Santander-Mediterráneo que servirá para trasladar a los serranos al campo de batalla en el Ebro, donde consignamos bajas en los frentes del río Alfambra (Teruel), Guadalajara y Madrid.

 

 Las fechas oficiales no siempre coinciden con los hechos según fueron vividos. Tanto es así, que uno de nuestros confidentes, que se encontraba en el frente de Madrid, se muestra enojado de que Franco decretase el final de la guerra el 21 de marzo del 39. La rendición de Negrín y la entrega de La Capital, según él, sucede el 19, momento en que las tropas nacionales transitan a sus anchas por las calles. Para la mayoría de los historiadores aconteció el día 28. El 1º de abril Franco proclamaba el último parte oficial de guerra desde la Radio de Burgos:

 

 En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares, la guerra ha terminado.[6]

 

   

Estépar (Burgos)


   REPRIME QUE ALGO QUEDA: TRP

 No entorpezcáis con disensiones pueblerinas la labor depuradora que esos mozos vendrán a hacer. Al contrario, dejaos gobernar por ellos, organizad sindicatos y nombrar vosotros mismos el jefe de vuestro sindicato, y al que resista, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo mismo da. Nosotros nos hemos propuesto redimiros y os redimiremos, queráis o no queráis. Necesitaros, no os necesitamos para nada. Elecciones no volverá a haber jamás. ¿Para qué queremos vuestros votos? Primero vamos a redimir a los del otro lado. Vamos a imponerles nuestra civilización, ya que no quieren por las buenas, por las malas, venciéndoles de la misma manera que vencimos a los moros[7]

 

  En la retaguardia la persecución es incesante. En 1937 se siguen solicitando informes a los ayuntamientos. En Salas de los Infantes se investiga a Juan Arévalo Gil, camarero que ingresa en prisión el 14-8-36 y es enviado a Pamplona el 6-11-37. Según el expediente de TRP fue fusilado. Clemente Lalanne Núñez no militaba en ningún partido del Frente Popular pero fue requerido por sus tendencias izquierdistas y es sancionado con 5.000 pts. al «oponerse al movimiento» pues el mando de la Guardia Civil declara que le ve manifestarse en el Casino frente al cuartel el 19 de julio del 36; y también se encuentra acosado por las declaraciones de Jesús Cabrito, jefe de Falange. El juez no se explica cómo siendo tan significado no fue detenido en los primeros días (30-XI-37).

 

 La situación es tan crítica que varios marcharon voluntarios al frente para eludir la represión.[8] Se establecen cambios de chaqueta para salvar la vida, hasta tal punto que uno de nuestros informantes declara que «La guerra fue ganada por el bando nacional reclutando al ejército de los rojos», considerando que fueron alistados bajo presión. En Castrillo de la Reina, Laureano López Chapero había sido detenido y no encontró otra alternativa para limpiar su imagen que alistarse en el ejército, mientras, su hermana Sara es sometida a vejaciones rapándola la cabeza.  Gerardo Gómez Salas había conseguido fugarse del camión y fue apresado el 3 de noviembre de 1936 en el monte, encarcelándolo hasta el 1 de abril de 1937. Su hijo Sixto se reconvertirá en requeté, afiliado al Sindicato Vertical. El otro fugado de Castrillo, Canuto Santamaría fue apresado el 1 de noviembre de 1936 y puesto en libertad por orden gubernativa el 1 de marzo de 1937. Le sancionan con 2.500 pesetas, que hace efectivas el 13-11-37, y le embargan los bienes, por lo que emigra a Vizcaya. La evasión fue generalizada entre las familias que pierden a un familiar y no desean encontrarse con sus verdugos. Esther Martínez Calvo fue presa con dieciséis años y sometida a vejaciones en Salas, por lo que marcha a Madrid para pasar desapercibida, donde termina trabajando en el Ministerio en el bando sublevado. El TRP-40 le levanta el embargo, dando por sobreseído los «elogios al régimen entonces imperante».

 

 Vislumbrándose la victoria, los sublevados se plantean mantener viva la persecución ideológica una vez finalizada la contienda. De esta forma se da la puntilla a los miembros de reductos izquierdistas. Se pretende desarticularlos bajo la máxima de que no pudieran levantarse en muchos años.

 

 …momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja… esta Ley, que no es vindicadora, sino constructiva, atenúa, por una parte, el rigor sancionador, y por otra, busca, dentro de la equidad, fórmulas que permitan armonizar los intereses sagrados de la Patria con el deseo de no quebrar la vida económica de los particulares.[9]

 

 Entre otros, se va a controlar a todo el funcionariado público (jueces, maestros, médicos, guardas de monte, ferroviarios…), y a «maquis» reintegrados a la vida cotidiana tras la amnistía decretada por Franco. Cualquier autoridad militar o civil que denunciara a un vecino ante el tribunal o los juzgados municipales es suficiente para que se le abra un expediente.

 La sanción económica más desorbitada se impone a Domingo Batet con cinco millones de pesetas.[10] A Luis García y García Lozano, alcalde republicano de Burgos, pese a colaborar con el levantamiento, junto con Alonso de Amiño, se les multa con medio millón de pesetas. El gobernador militar sanciona con 200.000 pesetas a Celestino Velasco, que fuera delegado de la Confederación del Duero. José Mingo Escolar, natural de Hoyales y candidato a diputado en el Frente Popular, le sancionan con 100.000 pesetas. A los alcaldes de Castrillo de la Reina, Julián Santamaría, y al de Palacios de la Sierra, Pedro Simón, el TRP pese a tener conocimiento de sus ejecuciones les sanciona con 30.000 y 5.000 pesetas, respectivamente. A Martín Revilla Bravo, principal dirigente político de Lerma y su comarca, se le incrimina con 15 años de inhabilitación para cargos políticos y una sanción económica de 5.000 pesetas, cuando ya se le había embargado 803 pesetas de una enciclopedia, un mueble valorado en 100 pts, requisándole la máquina de escribir y un aparato de radio. En Burgos, hasta 1943, se decretan Consejos de guerra con juicios sumarísimos donde se estima la ejecución de 700 víctimas.


Batet fue fusilado, llevaba poco más de un mes como jefe de la VI división, en Burgos


   SANCIONES POR TESTIMONIOS DIFAMATORIOS

 

 Francisco Astruga Cantalapiedra, maestro en Aranda, es sancionado a seis meses y un día de prisión por llamar «barbarote» a la benemérita; además, le incautan una correspondencia no enviada con fecha del 1-3-36, dirigida a Remigio Cabello a quien recomienda el traslado de jefes y oficiales del puesto de Aranda. Es un antiguo afiliado del PSOE y su caso pasa al TRP por difamar a las fuerzas del ejército. Lo curioso es que a Francisco le imponen una dura sanción económica porque su patrimonio se estima en 18.920 pts, aunque para otros es de 50.000 pts, terminan sancionándole con 3.000 pts. y 8 años de inhabilitación.

 

 Pedro del Barrio Rubio, de Arauzo de Miel, declara en público en Silos que Mola «hacía 20 años que debía estar muerto» y le sancionan con dos años de reclusión. El TRP le somete a una sanción de 125 pesetas en 1940, conocido como «año del hambre».

 

 Felipe Hernando Perdiguero es condenado por el TRP-40 a 6 años y un día de prisión mayor por testimonio dimanante, acusado por excitación a la rebelión en sentencia de 21-7-1937 dictada en Burgos por Consejo de Guerra al declarar en tono despectivo: «En Madrid, que no habéis entrado ni entraréis».

 

 José Barbadillo Lozano, de La Aguilera, por testimonio dimanante y excitación a la rebelión, haciendo uso de arma contra el movimiento, siendo detenido en Logroño. En Consejo de Guerra le sentencian a 12 años de prisión mayor el 23-XI-39; y el TRP-40 a 1.000 pts. de multa.

 

 

   LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

 La Prisión Central de Burgos con una capacidad para 900 reclusos llega a albergar a 3.000, la vieja cárcel de Santa Águeda, construida para alojar a 200 personas, pero tuvo a casi un millar de detenidos y eso que se recurre a las cárceles provinciales que se encuentran en las instalaciones ferroviarias de Aranda de Duero centro de clasificación y distribucióny la de Salas de los Infantes. El Palacio Ducal de Lerma con capacidad para 750 personas, con consideración para impedidos. En las canteras de Hontoria, como hemos visto, se instala una prisión próxima a un cuartel militar, posteriormente polvorín vigente hasta 1994, y las de Cubillo del Campo, donde se realizan trabajos de desescombro y acondicionamiento de caminos. El monasterio de San Pedro de Cardeña se reconvierte en un campo de concentración con capacidad para 2.000 personas, principalmente presos del frente norte y brigadistas.

 

                Prisión de Valdenoceda

  Destinos para presos de larga duración son el penal de Valdenoceda, al norte de Burgos, y el Fuerte de San Cristóbal en Pamplona (donde son conducidos numerosos vascos, manchegos y andaluces a los que se les aplica un alejamiento familiar), por ser una prisión de máxima seguridad. En ésta última el 22 de mayo de 1938 se va a producir una evasión digna para una producción cinematográfica, donde diecisiete presos se hacen con el control de la prisión y abren las puertas a 2.400 compañeros de presidio de los que se fugan 795. Se da muerte a 207 entre los que se cuentan Agustín Ayuso de Quintanar de la Sierra, Inocencio Martín de Santa Cruz de la Salceda y Emiliano Miguel de Santibáñez de Esgueva; tres de los promotores logran cruzar por Pirineos mientras que a los otros catorce se les somete en Consejo de guerra del 8-9-38 a muerte; otros 568 fugados se les condena a diecisiete años más de cárcel, atenuada porque en sus declaraciones alegan que se fugan por hambre. En Valdenoceda consignamos el fallecimiento de Benito Velasco, de Aranda de Duero, Bonifacio García, de Roa; y Cipriano Frías, de Gumiel del Mercado; y en la Navarra de Luciano Guevara, de Quintanar de la Sierra. Sobre las condiciones de «vida», la represión carcelaria y el estudio de la exhumación del cementerio de Valdenoceda nos remitimos al estudio de Luis Ríos et alii, Revista Complutum 2007, que contabiliza 152 fallecidos de los 1.583 presos, por enfermedades adquiridas en la prisión con complicaciones respiratorias como tuberculosis, infecciosas pudiera ser colitis epidémica y parasitarias. Las muertes se concentran los años 41-42 en los meses cuando acecha el gélido invierno burgalés. En algún caso se tiene probado el sometimiento de fuerza como en el caso de Juan Arauzo Arandilla, muerto con fractura de cráneo.

 

  Entre los apresados de Salas, Arsenio Martínez Martínez era presidente de Acción Republicana, cuando fue liberado se encuentra aquejado de unas dolencias estomacales, que según su familia le limitan a poco tiempo de vida, hasta 1942. La precariedad, las malas condiciones sanitarias y la masificación en que se encuentran los centros de apresamiento son las condiciones que favorecen la mortalidad. Isaac Rilova registra 359 fallecidos en la prisión de Burgos (1936-1943). La principal causa es la tuberculosis con 127 casos, diagnosticada entre los ribereños a Saturnino Peribáñez; y debido a otras causas fallecen Agapito Leiva, de Aranda, de absceso cerebral por otitis supurada; Domingo Izquierdo, de Terradillos de Esgueva, por esclerosis renal; Miguel Cayuela, de Gumiel del Mercado, por peritonitis; Juan Sancho, de San Juan del Monte, por carcinoma hepático; y Federico Rio, de Lerma, de avitaminosis.

 

     LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN

 Entre los campos de concentración de Burgos se consideran un campo estable en la capital con más de 6000 prisioneros que  operó entre marzo de 1939 y febrero de 1940. El de Aranda de Duero, de larga duración. Ubicado en la estación de ferrocarril y en los terrenos anexos. fue ampliado y llegó a tener una capacidad de 4000 prisioneros. Operó entre julio de 1937 y noviembre de 1939. El de Castrillo del Val, en el  monasterio de San Pedro de Cardeña albergó a más de 4000 prisioneros en gran parte de los brigadistas internacionales. Operó entre finales de 1936 y noviembre de 1939. El de Lerma se situaba en el Palacio Ducal de Lerma se localiza el Campo de concentración de larga duración, e inicialmente también la Granja del Carmen, aunque no en exclusiva, estuvo destinado principalmente a prisioneros considerados "inútiles". siendo su capacidad de medio millar de reclusos pero llegó a doblar la cifra. Operó entre julio de 1937 y noviembre de 1939. Paradójicamente el recinto es hoy en día Parador de Turismo. El de Miranda de Ebro se inició  en la plaza de toros y en la azucarera Leopoldo.





[1] Vecinos de Salas de los Infantes comentan que los hermanos García Peraita se abrazaron en el momento de la ejecución (A. Bengoechea, Historia de Salas II, p. 292), esto podría indicar que alguien de la villa pudo encontrarse o tener contacto con sus verdugos; lo que también hace probable que fueran ejecutados en un lugar no muy alejado de su residencia y la de sus verdugos. De ser cierto lo que cuenta la familia equivocaron a Anastasio García con él.

[2] Nicomedes fue el testigo. Luis Cámara escuchó la historia de su padre.

[3] El 13 de junio de 2007, PSOE y el PP paralizan la propuesta de ERC y CIU realizada en la Comisión de Economía del Congreso, por  la que se pedía la restitución del dinero incautado a republicanos por el franquismo por la indemnización a sindicatos y partidos sin reconocer el mismo derecho a los ciudadanos.

[4] En el convento ocultaron armas utilizadas para el levantamiento. J. M.ª Rojas, Semilla de libertad II, p. 269.

[5] Obras completas. Vol. III, p. 355. Ediciones Giner. Madrid 1990.

[6] Aparece con correcciones en el Boletín Oficial nº 140, de 20 de mayo.

[7] Discurso del General Yagüe en San Leonardo. Diario de Burgos del 8 de octubre de 1937.

[8] Silvestre Marín Pérez estuvo detenido por los incidentes de Asturias del 34 y nada más producirse el golpe de estado se alista en Falange para ir al frente.

[9] 9 de febrero de 1939. BOE del 13 de febrero.

[10] Había sido fusilado el 18-2-1937.




        

EL GENOCIDIO FRANQUISTA. BALANCE Y CONCLUSIONES FINALES. EXTERMINIO Y REPRESIÓN EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS.




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