sábado, 19 de febrero de 2022

EL GENOCIDIO FRANQUISTA . EL INICIO DE LA GUERRA CIVIL. EXTERMINIO Y REPRESIÓN EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS

 

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 Burgos, 18 de julio


   EL INICIO DE LA GUERRA CIVIL DE 1936

     El propósito de los militares golpistas era derrocar al gobierno legítimo y democrático para instaurar el antiguo régimen por cuanto las reformas republicanas atacaban a sus estamentos: se recorta el desmedido número de mandos con que cuenta el ejército desde principios de siglo a raíz de las campañas africanas. La Constitución de l931 en su artículo 44 propicia la expropiación caciquil para distribuir los terrenos a los campesinos ávidos de tierra, mediante la enajenación y partiendo del proyecto de reintegrar los antiguos bienes comunales y propios a los ayuntamientos…; el artículo 26 de la carta magna somete las confesiones religiosas a las leyes del país, suprimiendo subvenciones y privilegios con los que cuenta la Iglesia y se establece un estado laico en el que los matrimonios son civiles, los niños dejan de bautizarse y los cementerios pasan a manos municipales en cumplimiento de la Ley del 30-1-1932.

 

   Se suele asociar el levantamiento con el asesinato de Calvo Sotelo cuando éste se encontraba fraguado de antemano como reacción a un supuesto alzamiento comunista previsto para julio. Ángel Viñas tiene documentado el acuerdo de compra de aviones con Musolini para el envío en fecha anterior, que evidencia un ante que golpista al atentado.[1] No podían demorarse en exceso ante la amenaza de desestabilizar la intentona como se desprende de la visita, el 10 de julio, del general Batet a Mola en Pamplona, pidiéndole lealtad y éste le dio su palabra; la destitución de González de Lara como cabeza de la sublevación en Burgos. El golpe militar interrumpe la acalorada discusión que desde los primeros días de julio se debate en las Cortes sobre la ley de readquisición de terrenos desamortizados que fueron a parar a manos de particulares desde las guerras napoleónicas. Los agrarios manifiestan la puja y dominio de la ciudad sobre el campo, aprovechado con un alegato fascista proclamado por Calvo Sotelo que describe como «servidumbre a la industria». El 13 de julio Calvo Sotelo fue asesinado como reacción a la muerte del teniente Castillo a manos de los falangistas, y la muerte de aquél es utilizada para alentar la revuelta armada de los campesinos burgaleses.

 

   Los sublevados destituyen de inmediato a las corporaciones afines al gobierno y restablecen a las anteriores, aunque esto no siempre es así y, en Salas de los Infantes, Pedro Regalado Martínez es suplantado por el banquero Emiliano Vega Cantero; en Quintanar de la Sierra, Aquilino Peñaranda González lo fue por Jaime Andrés Ureta, miembro de una importante familia con intereses madereros. Se constituyen como alcaldes provisionales nombrados por la autoridad militar. La derogación de cargos se efectúa hasta en pequeñas poblaciones como Lara de los Infantes, donde el 11 de agosto de 1936 el guardia 2º del puesto de Salas se presentó para destituir a la legítima corporación según «órdenes militares superiores», por las que Félix Moreno Arnaiz cede el bastón de mando a Luis del Hoyo Jaramillo, que se apoltrona en el cargo hasta 1956; incluso en aldeas como Gete Marcelino Díez es destituido por Bonifacio Palacios Izquierdo como cargo estable, condición habitual en pequeñas poblaciones.[2] Los ediles depuestos suelen ser encarcelados, entre los que se cuentan los de las doce cabezas de partido de la provincia. Asesinaron a 39 alcaldes, una tercera parte de los municipios que abarcamos, que solían acompañarse de gran parte de la corporación: Anguix, Aranda de Duero, Arandilla, Baños de Valdearados, Barbadillo de Herreros, Berlangas de Roa, Castrillo de la Reina, Cilleruelo de Arriba, Covarrubias, Fuentelcésped, Fuentemolinos, Fuentespina, Gumiel de Hizán, Gumiel del Mercado, Haza, Hontangas, Hontoria de la Cantera, Hontoria de Valdearados, La Horra, Hoyales de Roa, Nava de Roa, Nebreda, Palacios de la Sierra, Quintanilla de la Mata La Revilla, Roa de Duero, Santa Inés, Sequera de Haza, Sotillo de la Ribera, Santa Cruz de La Salceda, Terradillos de Esgueva, Tordomar, Torrecilla del Monte, Torresandino, Vadocondes, Villafruela, Villamayor de los Montes, Villanueva de Gumiel, Vilviestre del Pinar y Zuzones.

 

 Según manifiesta el general Mola:

 Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilaciones a todos los que no piensen como nosotros.[3]

   



 En la madrugada del 19 de julio se declara en Burgos el Estado de Guerra, con la irrupción de las tropas por las calles, al igual en Vitoria, Valladolid y Pamplona. La mayor parte del ejército se manifiesta partidario del levantamiento, aunque para su propósito los sublevados tienen que enfrentarse al general Domingo Batet Mestres, máximo jefe de la VI División, quién se muestra fiel a la República, y cuenta con el apoyo del teniente coronel Arturo Herrero Company. También es apresado el general Julio Mena Zueco, que acaba de sustituir a Gonzalo González de Lara al mando de la 11ª brigada de infantería por las sospechas de ser uno de los incitadores a la rebelión golpista.

 

 Las órdenes de los sublevados parten del coronel Fernando Moreno Calderón, Jefe de Estado Mayor e integrante de la Junta de Defensa Nacional, quien tuvo que lidiar otro enfrentamiento con los mandos de la guardia civil para reducir al coronel Luis Villena Ramos,[4] y el teniente coronel Eduardo Dasca García, jefe de la comandancia de la provincia, que desobedeció las órdenes de su superior y no entregó las armas a los partidarios del Frente Popular durante el primer día del levantamiento; al capitán Enrique Marín Valenzuela y al brigada Andrés Arranz Iglesias.[5]

 

 El 27 de julio la Junta de Defensa Nacional decreta la destitución de los gobernadores civiles con carácter retroactivo al día 19 de julio. En Burgos, Julián Fagoaga Reus es paseado en la saca de la prisión de Burgos del 1 de septiembre, suplantado por el teniente coronel Marcelino Gavilán en un breve plazo hasta que es relevado por el general Francisco Fermoso Blanco, quien firma las sacas que parten del penal de Burgos del 10 de septiembre al 12 de octubre –según la pauta de otras provincias castellanas como Salamanca, Valladolid y Segovia donde se cesa la violencia al unísono–, cumpliendo las órdenes dictadas por el general de brigada retirado Fidel Dávila Arrondo que pasa a formar parte de la Presidencia de la Junta Nacional junto al general de división Miguel Cabanellas Ferrer como Presidente (24 de julio de 1936). En el Gobierno de 1938, presidido por Franco, es nombrado Ministro de Defensa.

 

 El miedo a que fracasara el pronunciamiento y a una sanción sobre los sublevados endurece la represión. Ésta se retroalimenta con el odio y la venganza por las bajas en el frente.[6] El dominio de la situación y las intenciones de Mola son claras:

 Yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos, pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad, que es la vuestra, y para aniquilarlos.[7]

 

                                  

Franco y Mola 


 El cardenal Gomá reconoce que «Tal vez haya que reprochar al Fascio la dureza en las represalias».[8] Advierte que «ni se prevé fin próximo de la guerra, pues ventilándose, como se ventilan, ideales diametralmente opuestos no se prevé ni tregua ni transacción. Ambas partes dicen aspirar nada menos que al exterminio de la otra».[9] Gomá y Cabanellas pensaban que para finales del 36 terminaría todo pero el Primado comprendía:

 España va a quedar desangrada, empobrecida y con una sima de odios, hijos de la guerra Civil. Personas autorizadísimas calculan en 800.000-1.000.000 las vidas que costará esta inmensa tragedia. Habrá desaparecido gran parte de la riqueza, y el tesoro artístico nacional ha sufrido ya quebrantos de los que no nos repondremos jamás. Ha sucumbido ya gran parte de la aristocracia, de sangre, del dinero y de las letras.[10]

  

 La Guerra Civil es extremadamente violenta durante el primer trimestre para establecer una situación de terror y pánico. En un principio, los tiroteados son expedientados como «Hallazgo de cadáveres desconocidos», por lo que comienzan a ser sepultados en fosas. Las milicias están compuestas por grupos exaltados derechistas, siendo muy activos desde Burgos los legionarios de Albiñana, Partido Nacionalista, cuyo líder es el médico valenciano que obtiene por Burgos su único diputado a Cortes por el Bloque Nacional. Incrementa su electorado en Burgos, Aranda y muy especialmente en Gumiel de Hizán, donde se encuentra respaldado por una cuarta parte de su población, con 449 electores. Conocidos como «pistoleros», violentos delincuentes comunes: «…eran, en su mayoría, obreros campesinos, reclutados entre los enemigos de las organizaciones sindicales afectas a la casa del pueblo de cada localidad; Albiñana, conocedor del espíritu guerrero y agrio de estos labriegos, los dotó de un vistoso uniforme (camisa azul celeste y gorro militar) y recorría con ellos la provincia»,[11] –muy activos por Cervera y Tierra de Lara–; requetés navarros o carlistas que se vinculan en Burgos a sectores católicos –identificados en la comarca de Pinares como Hontoria del Pinar, donde su líder había hecho el servicio militar obligatorio en Navarra; y en Huerta del Rey el farmacéutico era el Jefe Local de los Requetés–, grupos de falangistas que en un principio fueron poco numerosos pero que se extienden por todas las demarcaciones, donde buscaban refugio los izquierdistas que intentan salvar la vida; y Juventudes de Acción Popular que terminan afiliándose a Falange. Se aprecia que en los lugares donde hay «camisas viejas» se desata una represión más sangrienta tanto en su localidad como por los términos aledaños. En Ribera del Duero destacan los de San Juan del Monte, Roa, Gumiel del Mercado y Aranda, que van a ser importantes canteras para el reclutamiento de milicianos entre la población civil. El terror que infunde Juan Calvo Miguel, líder local de Falange en Gumiel del Mercado, fuerza a que 330 vecinos, su inmensa mayoría, se vieran arrastrados a simpatizar en su agrupación.

 

 Las ejecuciones no se efectúan adrede sino que más bien se corresponden, como vamos a tener ocasión de comprobar, con una violencia política planificada con tendencia genocida. El porcentaje estipulado varía:

 

- En Ribera del Arlanza se llega a asesinar a uno por cada 150 habitantes, en lugares que cuentan con corporaciones de gestoras del Frente Popular, como tres miembros de la corporación de Covarrubias entre la decena de víctimas mortales imputadas en una población de 1.541 habitantes en 1940. En Hontoria del Pinar, con una población similar, el porcentaje se reduce a uno por cada medio millar. En Arauzo de Miel las víctimas van a ser los trabajadores eventuales e itinerantes: cinco resineros y dos jornaleros del campo entre un censo de 943 habitantes. Quintanar de la Sierra suma una veintena de asesinados en una población con 2.425 habitantes en 1940.

 

- Ribera del Duero registra mayores proporciones. Aranda de Duero con 150 víctimas mortales para sus 9.168 habitantes, supera uno por cada 60 habitantes; mientras que una localidad bastante sindicada como Sotillo de la Ribera presenta una veintena de desaparecidos para los 1.597 habitantes de 1940, uno de cada 80; y el porcentaje pudo ser mayor. Se ronda el 1% estimado como el exterminio establecido a nivel nacional para municipios como Roa, con 2.900 habitantes. Se manifiestan grandes diferencias según los municipios de la comarca. Máxime en Fuentecén, donde se aproxima al cuarto centenar para casi un millar de habitantes; una proporción similar a la de Nava de Roa que contabiliza 22 asesinados de 770 habitantes, uno por cada 35 habitantes y según los testimonios la «lista negra» que maneja esta localidad registra unos 80 nombres, pues había preparada una segunda tanda para el día siguiente. Se hubiera superado en porcentaje a los 10 fallecidos de Haza, donde se cuenta con 218 habitantes.[12]

 

 La actuación fue premeditada:

 

serán encarcelados todos los directivos de partidos políticos, sociedades o sindicatos desafectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga.[13]

 

 El objetivo principal son directivos y militantes de las organizaciones de izquierda, aunque el operativo se extiende al desatarse el «mal querer» que alimenta el odio y envidias, también entre localidades vecinas, que aún sin manifestaciones ideológicas provoca captaciones simplemente por ser contrarias o mal vistas en cada lugar entre la oligarquía caciquil y los mandos castrenses del dispositivo que comandó las actuaciones. Fueron víctimas por su ideología los que cuentan con antecedentes penales y enfrentamiento a la Guardia Civil, como Mariano Rodríguez de Adrada de Haza, detenido por los sucesos de octubre de 1934 en Asturias[14] y es tiroteado cuando se encuentra huido.

 


Revolución en Asturias, 1934


   ARANDA: CAPITAL DE LA REPRESIÓN EN LA RIBERA DEL DUERO

  A diferencia de los resultados que se producen en los pueblos de la comarca ribereña, donde los campesinos apoyan a la extrema derecha nacionalista de Albiñana, que en Aranda tan sólo obtiene 274 votos, pues se respalda a la derecha de los Agrarios, representadas por el hijo adoptivo Martínez de Velasco, que suma 1.640 votos a los 31.383 escrutinios conseguidos en Burgos, que resultan insuficientes para nombrarle diputado. Luis Labín Besuita, candidato socialista del Frente Popular, con 640 votos obtenidos en el municipio ribereño, le permiten alzarse como diputado por Burgos al registrar 34.478 papeletas. El gobierno municipal no fue electo sino constituido mediante junta gestora.

 

 La misma noche del 18 de julio los arandinos afines a la república patrullan la villa, por lo que sus vecinos son perseguidos según las acusaciones vertidas en el TRP. Parte de ellos se les cuenta en las milicias burgalesas que se reclutan en Madrid por las casas regionales bajo la iniciativa de los diputados Labín y Barrio, que pretenden «liberar Burgos» con efectivos de la ribera del Duero.

 

 Es significativo que el 20 de julio el capitán de la Guardia Civil de Aranda Enrique García Lasierra ya detuviera a 39 hombres de la comarca. Un grupo considerable de jornaleros de Aranda son asesinados en las sacas de la Prisión Central de Burgos en menos de dos meses: Pablo Quirce, Castor González, Crisanto Gayubo, Vicente Gil, Luis Mangas, Saturnino Quirce, Plácido de la Cruz, Valentín Bartolomé, Juan de Andrés Parra, Teodoro Cebrecos, Teófilo Gil Delgado

 

 La represión en Aranda se endurece tras el frustrado avance sobre Madrid, en particular con el fracaso en el frente de Somosierra, donde se cuentan las primeras víctimas.[15] La llegada de tropas militares arma a los falangistas comarcales. La corporación es conducida a la Prisión Central de Burgos de donde es liberada el 2 de agosto pero es nuevamente apresada. Detenciones y ejecución siguen un proceso y la corporación sale en la saca del 25 de agosto de 1936, donde también se selecciona a los izquierdistas que detuvieron en los incidentes del frontón a finales de mayo del 36, conducidos todos ellos a la Andaya: [16]

 

- Felipe Gutiérrez. Alcalde y afiliado a Izquierda Republicana (IR), de profesión viajante.

- Andrés Sánchez. Primer teniente por el PSOE, era carpintero.

- Tomás Requejo. Segundo teniente, de IR y diputado provincial. El TRP-40 le cuenta como desaparecido a partir del 26 de agosto del 36 pero aún así le sanciona con 500 pts.

- Ciriaco Martín. PSOE, era propietario de una pescadería. El TRP-41 reconoce su desaparición y le sanciona con 500 pts.

- Gregorio Picó. Concejal, de IR. Labrador y propietario de una cantina. El TRP-40 le sanciona con 1.000 pts.

- Pascual Molinero. IR, era peluquero.

 

 El concejal Mariano Velasco también es asesinado, mientras el resto de los ediles que integran la corporación son sancionados por el TRP con «inhabilitación especial» por ocho años para desempeñar cargos públicos y una multa económica con un mínimo de 500 pesetas:

 

- Félix Abajo Núñez. Concejal por IR.

- Enrique Berrojo De La Fuente. Edil del PSOE.TRP.

- Asterio Cascajares Berzosa. Declara ante el TRP-40 que se había afiliado para obtener trabajos de albañilería. Su padre, capataz del ayuntamiento, es acusado de haber obtenido el cargo por influencias de su hijo, ambos pertenecen a IR. Fue condenado en un batallón de trabajo a levantar el monumento a Mola en Alcoceros.

- Epifanio Alberto Martínez Jiménez. Médico afiliado a IR. Encarcelado en Burgos. El TRP-40 considera agravante su formación y que presentara en un acto público al candidato a diputado Eliseo Cuadrado. La sanción asciende a 5.000 pts.

 

 No constan sentencias contra los ediles Pedro Brojeras y Amadeo García.

 

 Los funcionarios son represaliados por ser beneficiados en el gobierno republicano, especialmente los agentes del orden público, apresados a 20 de julio:

 

- Juan Urquiri, guarda de asalto.

- Félix Velasco. Cabo municipal.

- Dionisio González. Natural de Pardilla, policía municipal, de IR.

- Marcos Marina. Policía municipal, afiliado a IR.

- Antonio Muguerza. Policía municipal.

- Ciriaco Del Cura. Policía interino, de IR.

- Julián Marcelino Maciá. Abogado y concejal por el PCE en Pozuelo. Es traductor en el albergue del Parador Nacional de Turismo.

- Alejandro Moneo. Empleado de arbitrios.

- Celestino de la Puente. Guarda de Campo, afiliado a IR.

- Cecilio Cebas. Trabajador municipal, de IR.

 

 La industria harinera es bastante importante y proporciona trabajo a más de un centenar de personas que producen más de 110.000 kilos diarios, exportados diariamente en ocho vagones a Cataluña, Levante, Baleares y Santander. En estas fábricas se suceden protestas salariales y huelgas, donde se ficha a los cabecillas: Julián Serrano y Fernando Calvo de La Dulce María; Lorenzo Martín trabajaba de chofer en la Luisita. La Rosario es creada por la Unión Agraria.

 

Manifestación en Aranda de Duero frente a la calle Pablo Iglesias

 En la localidad se cuentan numerosas fosas: en Costaján han sido exhumados 172 individuos de los pueblos de la comarca, la del desvío en el alto de Milagros a la carretera, en el prado Marina, en dirección a Castrillo, se sospecha que haya quedado sepultada otra tras el ensanche de la carretera a Valladolid, dos en la carretera a La Aguilera, una pasado el cementerio y otra más arriba, otra en el camino que cruza de la carretera de La Aguilera,[17] en las inmediaciones del Mesón de la Villa, donde se encuentra la Fosa de los ferroviarios.

 

 El encargado de leer esas fatídicas listas en la cárcel de Burgos era Vicente García, que estaba preso en Burgos desde la manifestación de mayo del 36. Como sabía leer y escribir, se ganó la confianza del encargado de la prisión. El 16 de agosto, le tocó leer los nombres de los que iban a ser fusilados y al encontrarse su nombre se puso a llorar y el encargado le perdonó la vida.

 

Exhumación fosa de Estépar, Burgos


   REPRESIÓN SOBRE LOS FERROVIARIOS

  Un considerable número de empleados del ferrocarril son represaliados como colectivo concienciado en favor de la República. El 18 de julio vuelcan una máquina locomotora en Burgo de Osma, atravesando la vía de la línea Valladolid-Ariza para impedir el paso a los rebeldes. El día 21 en la estación de Cama Larrase, obedeciendo órdenes de Madrid, se impide la circulación; al día siguiente, los sublevados les piden que depongan su actitud y responden atravesando otra locomotora, mientras, siete ferroviarios armados se dirigen a Ariza donde se forma un frente revolucionario.[18]

 

 El depósito de locomotoras que mantiene la compañía MZA en Aranda cuenta con una estación de segunda, con estancia y muelle de carga simultánea para cuatro vagones. Genera muchos puestos de trabajo directos en la línea que une Valladolid con Ariza, además del beneficio económico que proporciona sobre la comarca. Los ferroviarios son un sector muy sindicado a la CNT y a la UGT, que rondaba los tres centenares de afiliados. Para el Eco de Aranda fueron el germen del Partido Republicano Arandino, también respaldado por comerciantes y profesionales liberales.[19]

 

 El 19 de agosto del 36 se produjo una masacre de unos sesenta ferroviarios en la fosa de Gumiel de Hizán. Se culpabiliza de esta masacre a un compañero, capataz de Gumiel del Mercado, a quién por su pelo llaman El Colorao, que actúa con la Brigada Negra.[20] Entre las víctimas, no de esta acción, se cuentan Francisco Bravo y bastantes foráneos, como Francisco Garde Carrasco, Fernando Macario Martínez García, [21] el factor de Zafra Tiziano Alameda, Pedro Rodrigálvarez, el capataz Florentino Gil, los maquinistas José Pradas, Rodolfo Alonso y Teófilo Redondo; y comarcanos como Mariano Sanza de Fuentespina; el guardabarreras en Aranda Pablo Parra, quién era natural de Sequera de Haza y otros arandinos como el maquinista Máximo Arranz y Sebastián Blanco.

 

 Francisco Urda Ferrero es recluido durante un año en la Prisión Central de Burgos y se le condena a muerte por provocar el descarrilamiento de un tren repleto de provisiones que se dirige al frente. El 21de febrero de 1939 en la línea férrea Valladolid-Ariza, a un kilómetro de Vadocondes con dirección a Aranda, en el paraje conocido como el Choque, por el impacto entre un tren mercancías y el convoy del batallón de Palma 36, que desentraña quince fallecidos. El accidente se debió a un fallo humano por no respetar la señalización pero es utilizado como represalia contra los ferroviarios. Contabilizamos en Vadocondes al capataz Julián Ariza y a Juan Arranz.

 

 En la línea Santander Mediterráneo, partidos judiciales de Salas y Lerma, recogemos la siguiente relación de víctimas paseadas:

 

- Marceliano Cerrada. Capataz de Barbadillo del Mercado.

- Moisés Heras. De La Revilla. Un alfiler ferroviario aparece en la fosa de la Zorra

- Lorenzo Marcos Díez. Afiliado a la UGT. Natural de Terrazas y destinado entre Lermilla y Arconada. Detenido en el monte de Carcedo en la Bureba. Exhumado en verano del 2009 con un compañero, ambos presentan fracturas de fémur y rótula de haber sido torturados.

- Román Rodríguez. Destinado en Quintanalara.

- Amadeo Sagredo. Destinado en La Aceña de Lara y anteriormente en Cabrejas.

Leandra Moreno, con tres hijos a su cargo, se traslada a Bilbao.

- Leopoldo Velasco. Capataz y por entonces encargado del paso a nivel en el cruce entre Hontoria y Navas. Afiliado a UGT y PSOE.

 

 En Lerma, línea Valladolid-Ariza, tenemos localizados a trabajadores foráneos como un Sr. López, natural de Calahorra, y a Julián Lorenzo Aires, salmantino.

 

 Constatamos la férrea persecución a la que se encuentran sometidos los empleados del ferrocarril por encontrarse sindicados. Se les practica una Depuración de agentes ferroviarios de la Dirección General de Ferrocarriles, a la que se enfrenta todo el funcionariado público.

  

Depósito de locomotoras de Vapor de la línea Valladolid-Ariza, en Aranda de Duero

Archivo de Fernando Fernández Sanz



   MUNICIPIOS DONDE SE HACE FRENTE AL LEVANTAMIENTO 

 Al igual que en Aranda, en Roa de Duero se produce una movilización armada en contra del golpe militar. La noche del 18 de julio una decena de vecinos de La Horra tirotean a un grupo de falangistas y dos de ellos caen heridos.[22] En Gumiel del Mercado se forma Consejo de guerra contra 13 vecinos que atentaron contra las milicias y fueron condenados a 12, 20 y 30 años de prisión según su significación política. En Sotillo de la Ribera, La Aguilera y San Juan del Monte, hombres de izquierda reaccionan ante sus ocupantes con disparos sin que en ningún caso tengan consecuencias mortales. El 19 de julio del 36 en Gumiel del Mercado Alejandro Parra Lázaro ejecuta varios disparos contra los falangistas; en San Juan del Monte, Juan Sancho dispara dos tiros contra miembros de Falange de Aranda sin ocasionar víctimas.[23]

 

 Los lugares que se enfrentaron a las milicias falangistas cuando se inicia el levantamiento van a padecer más represalia, lo que se produjo en mayor medida en los municipios ribereños de Anguix, Aranda, La Horra, Olmedillo, Quintanamanvirgo,...

 

 En los municipios de la Sierra se cuentan muy pocos conatos de enfrentamiento a los sublevados, salvo en Quintanar de la Sierra, donde se interrumpe el acceso por carretera y se sabotea los vehículos incautados; y en Palacios de la Sierra, donde se había atentado contra el Bando de Guerra de Mola, por lo que se ven mayormente recriminados.

 


   UNA DURA REPRESIÓN A LOS JORNALEROS

 Para obtener trabajo en La Ventosilla, la finca más importante de la provincia de Burgos, se requiere estar asociado y por los pueblos surgieron sociedades. Las condiciones laborales eran pactadas mediante Jurados Mixtos de propietarios y trabajadores que de inmediato obtienen subidas salariales. Entre las primeras víctimas de la represión se cuentan los representantes en las negociaciones de los jornaleros en los conflictos salariales:

 

- Ricardo Aguayo fue vocal del Jurado Mixto por la provincia, presidente de la Sociedad de Oficios Varios y alcalde en Sotillo de la Ribera durante la República. También asesinan al menos a dos de sus hijos.

- Benito Santibáñez y Esteban Tamayo, que representaron a los trabajadores en la huelga de marzo de 1933 en Sotillo de la Ribera.

- Braulio Ruiz y Justo Ruiz representaron a los trabajadores para la obligación de establecer turnos y favorecer el contrato de todos los parados. Félix Callejo Aguayo, el otro negociador, hubiese sido otra víctima mortal de no esconderse en el horno de su casa.

 

 El 8 de agosto se seleccionan diecisiete vecinos de Sotillo bajo la excusa de tener que ir a declarar a Aranda. En realidad son paseados en el monte de La Ventosilla. Sixto Adrián Cilleruelo, que aprovecha la parada del furgón para huir sorteando los disparos. Fernando Aguayo Benedicte, hijo de Ricardo, se cuenta que escapó del fusilamiento y cuando regresó al pueblo, una vez terminada la contienda, su mujer había contraído nuevas nupcias. Posteriormente se concentra a siete vecinos más, entre ellos al herrero Vidal Adrián, padre de Sixto. El jefe local de Falange detiene la sangría que «ya es suficiente».

 

 Castrillo de la Vega contaba con la Sociedad de Socorros Mutuos y de Recreo La Regeneradora, la Sociedad de Agricultores La Unión Trabajadora desde mayo de 1920. Sus representantes como José Brizuela y Francisco Arranz se cuentan entre las 19 víctimas asesinadas que se dieron en el municipio. Alejandro Felipe Illera y Modesto Serrano fueron los mediadores de los trabajadores en el jurado mixto con la patronal de Fuentespina, que presionaron con una huelga para el 5 de junio del 34.

 

 Sorprende la virulencia desatada por los caciques de Fuentecén para reprimir tanto a una veintena de jornaleros de su localidad como por los alrededores en Adrada de Haza, Fuentelisendo, Haza, Nava de Roa... En febrero de 1936, Dolores Ibárruri dirige un discurso a los vecinos en la Casa del Pueblo, bar propiedad de Moisés González. Los representantes de los trabajadores se reúnen en el lagar y acuerdan un aumento de sueldo. El pánico se destapó bajo el rumor de que «Los rojos quieren quemar la iglesia».[24] La cúpula represora se encabeza por la oligarquía caciquil de Fuentecén:

 

- El alcalde Serafín González es jefe local de Falange, junto con Silvio González.

- El cura párroco Teógenes Beltrán, recordado en la comunidad como acusador. Así lo verificamos en el informe que hace de la maestra Emiliana Tintos Plaza, a la que no encuentra apta para el magisterio porque «no interviene como debiera en las prácticas  religiosas».

- Familias del pueblo como Tomás Llorente, apodado El gatillo, su sobrino Jesús Llorente, El gorrilla y Maciste, el herrero que es natural de Fuentelisendo.

- El oficial de guardia de Fuentecén es Bernardino Gonzo Pérez.

 

 La represión sobre los jornaleros de La Ventosilla se extiende por los municipios de su entorno, como acusa la Sociedad de Gumiel del Mercado donde fueron paseados Daniel Alonso, Juan Arroyo, Arcadio Beltrán, Vitorino Cabañes, Eustaquio Del Valle, Antonio Espinosa, Luis Espinosa, Gaspar Esteban, Antonio Maté, Bernardo Monje, Benito Muriel, Eufrasio Muriel, Victoriano Muriel y Alejo Ovejero (ex alcalde y concejal). Cipriano Frías, que había sido representante obrero en 1932, fallece en la cárcel de Valdenoceda. Se sesga la vida de los obreros más reivindicativos. Las condiciones laborales ventajosas se ven erradicadas.

 

                

Fosa de Estépar



   SANTA CRUZ DE LA SALCEDA… POR EJEMPLO [25]

 

 Los poderes fácticos constituían una oligarquía en los pueblos de Castilla como Santa Cruz de la Salceda: Máximo García fue nombrado alcalde presidente por imposición, el cura Emeterio Pascual portaba pistola bajo la sotana según varios testigos, y el médico mantuvieron sometido a este pueblo como pudo ocurrir en cualquier municipio.

 

 Un alto porcentaje de las víctimas mortales estaban sindicadas, el 80% eran afiliados de UGT,  donde se encuentran los miembros de la corporación, su alcalde Felipe Sanz, presidente local del sindicato, y el edil Demetrio Gómez, de lo que podemos colegir una violencia política.

 

Un 20% son considerados apolíticos: Cirilo Miguel, que cuando intenta alistarse como voluntario en Aranda se topa con su verdugo, un miembro de Falange hijo de la maestra y con quien había tenido un enfrentamiento. Su cadáver presenta lesiones ante mortem de haber sido agredido con saña. Esteban Navarro es seleccionado por declarar en contra del falangista en dicho conflicto.  

 

 Muchos de los detalles son conocidos porque los verdugos se jactaban en grupo de sus hazañas durante momentos de esparcimiento. En pueblos pequeños era fácil que todo se terminase sabiendo.

 

 La inocencia de los reos llega a tal punto, que aún viendo que iban a por ellos, no se ocultaron ni huyeron, más bien se entregaron con la conciencia tranquila de «yo no he hecho nada». Entre los elegidos no faltaba gente emprendedora con buena posición social, como el herrero Severino Miguel que se encuentra perfectamente establecido en asociado con su hermano que trabaja la madera y, juntos, mantenían una importante producción de aperos de labranza. Además, los fines de semana habilitaban una sala de baile donde amenizaba un gramófono que se cuenta entre los enseres embargados. Fue denunciado por escuchar emisoras que no fueran Radio Castilla, lo que se sancionaba con multa de cinco mil pesetas y hasta la detención, como en el caso que nos ocupa. A la familia de Santiago Miguel, los falangistas le fueron despojando, a modo de requisa, los productos de la tienda de comestibles bajo la indicación de «por España». Para más inri, la familia tuvo que acoger a tropas italianas aliadas y sus hijos tuvieron que intervenir en campaña con las fuerzas franquistas.

 

 La chaqueta nueva de pana del alcalde fue reconocida en otro vecino,[26] y la familia tuvo que afrontar la requisa de 300 pesetas de los falangistas y una multa de 1.400 pesetas. Los bienes, tierras e inmuebles en la mayoría de los casos terminan siendo enajenados para acabar en manos de sus verdugos.

 

 Una situación de insultos y desprecio hacia los familiares de los izquierdistas, donde las viudas llegan a enloquecer, siendo sometidos a las vejaciones como rapar la cabeza, suministrar aceite de ricino con el que se descomponía el cuerpo para la burla.[27] Hasta tal punto llegó el vilipendio y el odio inculcado que la familia de Severino renegó del lugar vendiéndolo todo y fue el único de los seis cuerpos exhumados de la fosa de Vadocondes que, por principios, sus restos no descansan  en el campo santo del municipio. 

 



[1] Se deduce del informe sobre el levantamiento que el Cardenal Gomá emite al Vaticano, carta del 13-VIII-36, Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil. CSIC 2001. Estos documentos que arrebataron los golpistas eran falsos, según Southworth, H. R., El mito de la cruzada de Franco, Plaza y Janes, pp.195-213. 

[2] Las comisiones gestoras provinciales y municipales vienen regidas por Decreto de 5 de octubre de 1936 según las órdenes de la Junta Técnica del Estado. El gobernador civil es asesorado por los jefes de puesto de la Guardia Civil y los Jefes locales y provinciales de FET y JONS.

[3] Escrito de la Instrucción Reservada nº 1, de abril/mayo

[4] En consejo de guerra le cayeron seis años de cárcel.

[5] Asesinados el 9 de agosto de 1936. José Luis Cervero, Los rojos de la Guardia Civil.

[6] Luis Castro, Capital de la cruzada, p.213. Paul Preston, El holocausto español, p.18.

[7] Radio Pamplona, emisión del día 31 de julio de l936.

[8]Carta del cardenal Gomá al cardenal Eugenio Pacelli (secretario del papa, Vaticano), informando sobre el levantamiento.  En el apartado 4: Características de la lucha. (doc.1-26, adjunto al 1-25, del 13-8-36).

[9] Op. cit, (doc. 1-28, del 17-8-36).

[10] Op. cit, Carta de Gomá a la Secretaría de Estado (doc. 1-60, del 20-9-36).

[11] Antonio Ruiz Vilaplana, Doy fe. p. 29.

[12] Para ser conscientes del daño infringido en los municipios se puede hacer una apreciación ilustrativa que vincula las víctimas con los vecinos o viviendas familiares. Tradicionalmente se ha calculado dividiendo el total de habitantes entre 4´5. Es habitual encontrar unidades familiares con siete miembros y más, sin embargo, la emancipación se efectúa a edades tempranas. Las familias no se vieron afectadas por igual, y más cierto es que los desaparecidos se concentraron entre las más significadas ideológicamente.

[13] Instrucción Reservada nº 1, impartida por el general Mola.

[14] 6 vecinos de Castrillo de la Vega detenidos por altercados del 34 son paseados en el 36. 2 vecinos de La Horra paseados habían sido detenidos en octubre del 34 por promotores de la revolución.

[15] José Garret, conde de Villajimena, es enterrado en Aranda; y Carlos Miralles en Burgos, dirigían dotaciones de la Guardia Civil y milicianos voluntarios falangistas en las primeras escaramuzas en el puerto, donde encuentran la oposición de guardias de asalto por lo que optan por replegarse en Aranda esperando el refuerzo del Regimiento de San Marcial (Joaquín Arrarás, Historia de la Cruzada Española. Vol. III, p. 414).

 

[16] Hasta el momento 87 cadáveres localizados, entre los que se supone están el alcalde y cinco concejales. Requejo se identifica por el anillo y Maciá por el uniforme.

[17] Biblioteca nº 11,  p. 191.

[18] Alejandro Adrián Fernández y Federico Almonacid Cabestrero fueron juzgados por esta acción a doce años y un día de prisión en San Leonardo de Yagüe y en Burgo de Osma, respectivamente. El TRP condena a cada uno a pagar 500 pesetas. Otros procesados fueron el jefe de estación Adolfo de Pablos González y el capataz Ceferino Camarero García.

[19] Semanario religioso del 16 de abril de 1931.

[20] Como identifica el testigo X, en Biblioteca nº 11, p. 191.

[21] Maquinista en Aranda de Duero. Simpatiza con UGT y al estallar el golpe militar huye al monte. Le dijeron que podía volver y le detuvieron. Al día siguiente de asesinarle, los ejecutores regresaron al lugar del crimen y seguía vivo. Fernando pidió agua y los falangistas se aliviaron en su cara antes de rematarle. Los asesinos fueron pavoneándose de la hazaña.

 

[22] El Consejo de guerra dictamina 9 condenas de 12 años de prisión, absolviendo a uno por antecedentes derechistas. Fernando Moro Sancha huye al monte siendo detenido días después. El TRP le sancionan con 5.000 pts.

[23] Sometido a Consejo de guerra el 24 de febrero de 1938 se le condena a doce años y un día de reclusión menor por «Auxilio a la rebelión». El 10 de agosto del 39 es detenido en la Prisión Central de Burgos, donde fallece por enfermedad al año siguiente. El TRP le sanciona con 300 pts. sabiendo que ha fallecido.

[24] Al maestro Luis García de Vicente le condenan a 20 años de cárcel por hacer propaganda del comunismo y mostrarse contrario al levantamiento, incitando a los vecinos a armarse y a que quemaran la iglesia.

[25] El título es en homenaje al documental austriaco dirigido por Günter Schwaiger.

[26] Similar testimonio hemos recogido a la familia de Dionisio Peña, víctima de Mamolar, que eran reconocidas al tratarse de confecciones particulares.

[27] En Aranda se burlaban haciéndoles seguir los compases de la banda de música con una escoba en la mano.


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EL GENOCIDIO FRANQUISTA . EXTERMINIO Y REPRESIÓN EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS



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