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EL GENOCIDIO FRANQUISTA . INTRODUCCIÓN A EXTERMINIO Y REPRESIÓN EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS
LA REPRESIÓN SEGÚN EL BANDO QUE INICIÓ LA GUERRA
REPRESIÓN: INCAUTACIÓN DE BIENES Y TRIBUNAL DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
PARTIDO JUDICIAL DE SALAS DE LOS INFANTES
PLANTEAMIENTOS
En la primera mitad del siglo pasado el sur de Burgos se caracteriza por una economía agropecuaria de autosuficiencia con niveles de población nunca vistas hasta la fecha. Los conservadores agricultores se consideran como pequeños propietarios y respaldaron a los partidos agrarios de la derecha pero no al nacionalismo fascista que impidió el gobierno republicano.
Admitimos la interpretación que entiende el conflicto como algo más que un mero enfrentamiento entre dos ideologías, pues nos encontramos ante un pulso entre el autoritarismo y las libertades.[6] Si lo trasladamos a un asunto que se encontraba vigente como es el centralismo estatal frente al regionalismo, que admite
Carmen Dueñas en su estudio sobre el poder adquisitivo de los burgaleses desvela que mientras los salarios son prácticamente los mismos entre 1931-36, los precios de los productos se encarecían paulatinamente. Carlos Hermida coincide en que esa inflación es el detonante para el campesino castellano que en un principio se posiciona en favor de unas condiciones de vida más justas hacia donde tendían las reformas de la república, sin embargo, la propuesta planteada como lucha entre socialismo o fascismo, en lugar de progresista o conservador, hace que se decanten hacia el tradicionalismo de los valores que tienen arraigados: caciquismo, beatería y defensa de la propiedad con respaldo a los militares antidemocráticos.
La concienciación ideológica es más acusada donde prolifera la clase obrera, como entre jornaleros que se concentran en
La represión se acentúa con los conflictos personales que desencadenaron los mandos castrenses, curas y caciques locales que obtuvieron suficiente poder para emitir informes contra determinados miembros de su comunidad. Un cómodo dictamen para un tribunal poco objetivo «compuestos por representantes del Ejército, de
La sentencia de muerte de Pedro Simón Llorente se ampara en el expediente TRP que le imputa homicidios no probados a Domingo Hernández: «…para evitar que consumase su propósito de entregarse a las autoridades nacionales y luego quemó el cadáver… Acusado de matar a Laureano Marcos Mediavilla, que vivía en su propia casa de Palacios de
El caso de Ana Seisdedos Martín, maestra de Haza, que es recriminada por no izar la bandera y no impartir la formación cristiana a gusto del cura, prueba la conspiración, que se advierte al desconocerse el día que se ausenta de la localidad, sin embargo, tanto el alcalde, comandante de puesto y el sacerdote coinciden en la expresión «más o menos el día 20». La maestra fue renovada pero el vecindario protesta con un escrito avalado por 33 firmas –cuatro de ellas pertenecientes a falangistas iban presentadas aparte–. En el pliego de descargos la maestra niega que se alegrara de la muerte de Calvo Sotelo y qué la iglesia era mejor que se convirtiera en una pista de baile. Las acusaciones, que partieron del cura párroco, son refutadas por la maestra como una «calumnia infame sobre mí, y pido sea castigado con todo el rigor de la ley», exigiendo una sanción para quién le había difamado.
Las declaraciones no tienen el mismo valor dependiendo de quién las emite. Elena Cantero Monzón se enfrenta con una acusación del alcalde de Villalmanzo. La presentación de 281 firmas de los vecinos no sirve de nada en la revisión del caso ante la opinión del jefe local de Falange que es suficiente para dictaminar.
No debemos pasar por alto que José Antonio Primo de Rivera como representante de la extrema derecha obtuvo un descalabro electoral y no admitieron la victoria del Frente Popular por lo que puso a disposición del ejército su organización de origen violento. Medidas represivas hacia la libertad de pensamiento de ideas progresistas, que se ven vejadas y obligadas a servir a una ideología nacional-católica totalmente contraria a sus creencias, hasta tal punto, de tener que colaborar y formar parte activa en el frente sublevado, apoyando a los grupos falangistas como única alternativa de supervivencia. Los maestros que militaban en los sindicatos de la enseñanza con el alzamiento se tuvieron que alistar en Falange para limpiar implicaciones ideológicas.
Recordemos que en los primeros días del alzamiento se da orden expresa para que se entreguen las armas que tienen en su poder los ciudadanos y por eso no localizamos muchos altercados en el bando sublevado. Las armas requisadas pasan a manos de las milicias de Falange. La viuda de F. A. Llantada, maestro en Fuentenebro, identifica dos armas de su marido en poder del alcalde y su hijo. Aniceto Ortega Martín, alcalde de Cilleruelo de Arriba es acusado por tenencia ilícita de armas[2]; Tito López López, alcalde de Arandilla, es sometido a Consejo de guerra por la misma causa[3], al igual que Enrique Heras Cameno de Hontoria de la Cantera[4]. Demetrio Peña Bueno[5], cantinero de Mamolar, fue detenido a raíz de una denuncia que había interpuesto su cuñado por tenencia de pistola. El arma es el desencadenante de la muerte de Castor Gil en Quintanar de la Sierra, así lo predijo Jaime Andrés Ureta cuando el vigilante de montes le requirió su herramienta de trabajo.
Se ha interpretado que con la represión violenta se pretendía evitar la fuga a las Milicias Burgalesas, como hiciera el alcalde de Olmedillo, vecinos de Aranda y de Roa. En el partido judicial de Salas de los Infantes tampoco faltaron evadidos a zonas republicanas del Frente Norte, Santander o Frente del Ebro. El exterminio de la izquierda en la retaguardia respondía a la masacre del socialismo para imperar el caciquismo.
Se debe considerar el descenso de población padecido a raíz de
Hay que hacerse al dolor y sufrimiento de los familiares de las víctimas. La mujer de Procopio Merino de Santa Inés dio a luz a un quinto hijo póstumo que presentaba malformaciones congénitas y fallece al poco tiempo de nacer, al igual que la viuda a consecuencia de la depresión. En Fuentecén, Sofía de Diego queda al cargo de cinco hijos a la muerte de su marido Francisco Andrés y su hijo no pudo ser atendido por lo que la gangrena le complica una pierna y tuvieron que amputársela.
El marido de Mercedes Ruiz fallece al poco de ser asesinada su mujer. Los dos hijos se vieron obligados a afiliarse a Falange. Se da la paradoja de que en muchos casos los descendientes de las víctimas de la barbarie encauzan sus vidas por el camino espiritual. Las órdenes religiosas aprovechan la crítica situación en que se encuentran las familias para captar vocaciones y dar sentido de "eliminación de culpas", como en los casos de un hijo y una hija de Ponciano Salas, de Castrillo de
Miedo a ser paseado. La única salida para el olvido era el exilio, adoptada por la familia de Andrés Cristóbal de Mambrillas de Lara, el padre y sus hermanos Felipe y Honorato emigran a México para dedicarse a la artesanía cerámica; la misma decisión toma la hija de Pablo Parra de Aranda de Duero, Julia con dieciséis años se vio un año entre rejas y cuando fue liberada marcha a Francia y Chile; y Luciano de
CONCLUSIONES
Al haberse mostrado afín al levantamiento la mayor parte de la provincia de Burgos se minimizaban los efectos en la retaguardia, cuando se produjo una represión económica y homicida establecida sobre individuos de ideología liberal y adscritos a agrupaciones de izquierda. Consideramos que nos encontramos ante una fase en prueba, un modus operandi adoptado para todos y cada uno de los territorios que se van anexionando al «Movimiento Nacional» fascista. El primer combate era decisivo para mantener vivo el golpe militar.
El número de personas sacrificadas se muestra un tanto desorbitado para amedrentar a un medio rural entre apolítico y conservador. La represión podría considerarse como un escarmiento contra personas humildes que propiciaron una reducida representación de diputados del Frente Popular. El campesino se decantó por el voto de derechas hacia el partido Agrario, cuando no por el nacionalista.
Dos centenares de maestros fueron sancionados al sur de la provincia de Burgos por afinidades políticas –la mayoría imputados como izquierdistas–, cuando en muchos casos no se prueba ni tan siquiera que lo fueran salvo para unas mentes perversas de la Comisión que dicta un escarmiento. Las declaraciones se repiten entre los informantes de los expedientes de depuración de maestros y en varios casos se encuentran copiados literalmente, como se puede comprobar en los informes vecinales de Pinilla de los Moros que por la letra y el contenido parecen redactados por el mismo escribano, posiblemente el propio agente del orden público.
Se actúa de forma premeditada, reprimiendo de inmediato y de manera contundente a una población sometida al miedo. No puede ser que se les fuera de las manos o que se tratara de actuaciones de grupos incontrolados sino que responde a un interés por invocar ese terror llevado al extremo de aniquilar a las personas que no piensan como uno.
En los lugares donde hay más conciencia de clase el exterminio es más acusado. La persecución religiosa con la figura del párroco denunciante que identifica al izquierdista = ateo = enemigo. Aún así, nos gustaría interpretar que «no saben lo que hacen», sin embargo, son capaces de elaborar informes repletos de apuntes desfavorables que entendemos como revancha contra los maestros/reforma de la república que les quita el privilegio de la enseñanza; al igual, que cuando acuden los camiones con las órdenes de detenciones, como en Huerta del Rey, Ahedo, Hortigüela, Neila, Puentedura, Villaescusa de Roa…, según listas que fueron elaboradas siguiendo los registros de afiliados y emitidas por los representantes de los estamentos eclesiástico, militar y caciquil de los municipios que conocen las identidades de los paisanos.
Un sencillo gesto fue suficiente para frenar la saña desatada en casos que conocemos, lo que hace pensar que pudo haberse hecho en más ocasiones. Si se salva el edil de Vilviestre Pedro Peñaranda Marcos porque su esposa pide clemencia a un guardia civil de Quintanar de la Sierra para quien trabaja; Pedro Medina recurre a sus influencias. Marino Parra[10], de Castrillo de la Vega, salió del camión por su amistad con los falangistas. Cuatro hijos varones de Eligio Plaza estuvieron a punto de ser fusilados por los falangistas a la puerta de su casa de no intervenir un guardia civil de su pueblo, Peñaranda de Duero. Se pudieron dar más víctimas si tenemos en cuenta las listas negras que manejaron en municipios y otras como en Campillo de Aranda, Vadocondes, Zuzones, etc, donde la intervención de los falangistas locales y los propios intereses de los ejecutores impidieron que los homicidios fueran a mayores.
Consideramos que la beatería aldeana actuó como importante revulsivo, que se puede apreciar comparando pequeñas poblaciones mientras que en las grandes se practica mayor laicismo
La inmensa mayoría de las víctimas obedecen a motivos políticos en cuanto a que son dirigentes del Frente Popular, corporaciones de la gestora, miembros sindicales y de la Casa del Pueblo. También se dan víctimas por enfrentamientos accidentales, como el maestro en Iglesiarrubia Marcos López por beber de la bota el vino que se consagraba en la eucaristía y Manuela Tomé por recriminar a las milicias falangistas que se llevaran a sus paisanos de Torrecilla del Monte y fue subida al furgón.
Apreciamos un considerable número de víctimas foráneas de los municipios (resineros itinerantes en Arauzo de Miel, secretarios, etc.). Pudiéramos optar por pensar que se trata de obreros con mayor concienciación política pero apreciamos que se muestran más indefensos al no contar con el arraigo entre la comunidad. Por otra parte, las personas venidas de «las Américas» traen iniciativas emprendedoras que chocan con el conservadurismo e intereses de los caciques locales que los consideran rivales (Mariano Lucas y Pedro Simón de Palacios de
Los tiradores en los pelotones fueron las fuerzas de la Guardia Civil y milicianos, como las cuadrillas falangistas que suelen encontrarse avecinados en las proximidades a los lugares de las fosas donde actúan con el reconocimiento personal por parte de la organización ejecutora -no está documentado en la región pero es conocido el pago efectuado a los miembros ejecutores por cada fusilamiento, Las fosas del silencio de M. Armengou y R. Belis, que de no ser remunerados económicamente-. Y podemos asegurar que la lista de los fallecidos pudo haberse ampliado teniendo en cuenta que sabemos por el expediente cursado al teniente de Salas de los Infantes Julio Martínez Hernaiz, que se le retira del cuerpo y lo condenan a muerte. Nos extrañaba que en Salas de los Infantes no hubiera habido más fallecidos y que se salvaran del paseo precisamente los ediles ideólogos de Izquierda Republicana, igual que los de Quintanar de la Sierra, por los informes favorables que expidió el oficial de puesto y máxima autoridad en la represión en La Sierra. Lo conocemos por Jesús Cámara Olalla que destapa el juicio sumarísimo de seiscientas páginas en su libro Memoria Emparedada. tampoco es que quedaran impunes cuando tuvieron que pagar sanciones y no era tan solo la multa, se incrementaban cuantiosos trámites de embargo, máxime cuando no había dinero y tenían que empeñar bienes a precios de saldo. Y lo peor fue el miedo a ser paseados, que les persiguió durante todas sus vidas hasta cuando dormían.
A los familiares de las víctimas mortales, durante el franquismo, ni tan siquiera se les permite acercarse a las fosas al igual que tampoco rendir luto. Las fosas que se encuentran sin levantar aún no es porque sus familiares los tengan en el olvido, más bien se muestran deseosos por recuperar los cuerpos, y en la totalidad de los casos se quisiera rendir el duelo en su comunidad. El Estado se comprometió por
Al ser considerados desaparecidos los hechos no pueden prescribir y por haber sido a consecuencia de «detenciones ilegales» son un delito contra la humanidad y no pueden desestimarse. Prácticamente en la totalidad de los casos, rechazamos que las víctimas hayan sido enemigo en guerra. Es evidente la desigualdad entre los contendientes, a la que se suma la imposibilidad de reacción y defensa. Los que deambularon por el monte, a modo de maquis, tampoco se organizaron conformando una fuerza beligerante, tratándose de huidos por miedo que intentan salvar el pellejo.
No entendemos cómo pueden considerarse delitos comunes cuando demostramos que obedecen a una autoría que busca una finalidad concreta que consideramos genocidio por tratar de eliminar a un determinado colectivo social y político para hacer primar la ideología propia.
Tendremos registradas a la mayoría de las víctimas de la barbarie si se efectúa el levantamiento de las fosas que confirmen la tragedia. La labor de interrogar a testigos no implicados nos ha servido para obtener una visión más objetiva inclusive que la aportada por familiares directos, que en varios casos no hemos visto aptos para el recuerdo por mantener el asunto como algo tabú. Las personas que vivieron los sucesos se encuentran en avanzada edad y pueden aportar datos confusos y, en algunos el alzheimer –puede ser provocado–, nos ha impedido avanzar más deprisa. Aún así, la colaboración mostrada ha sido aceptable y nuestro propósito ha sido recoger el mayor número de víctimas, pese a que no están todas las que fueron, si bien, al menos que sí sean todas las que están.
Probar la evidencia sobre el destino de las personas desaparecidas sin cargos justificados, parece tarea sencilla al identificarse el mismo proceso que en los casos conocidos.
La purga hacia los maestros se muestra salvaje. Las acusaciones personales son llevadas hasta límites donde la investigación sigue tintes persecutorios o policiales. Sólo hay que ver los rotundos testimonios de la inspección que se permite desacreditar las defensas presentadas en los descargos y el grado de la sentencia atendiendo a la militancia. Se mantiene un control exhaustivo que indaga antecedentes e historial en los destinos anteriores. Si en el magisterio de la comarca había escasa sindicación, a raíz de la purga se recrimina totalmente para no dar lugar a un pensamiento progresista y liberal. El cambio de destino o destierro disgrega los posibles lazos entablados con la vecindad. El profesorado muestra un completo sometimiento sin viabilidad para que se acepten sus réplicas. El castigo pudo ser a nivel económico, de «exilio» por traslado, imposibilitar el ejercicio de la actividad y la ejecución por su filiación política.
Fue imposible una acción al grito de Fuenteovejuna –salvo una acción interna de los curas o el indulto de jefes falangistas–. Recordamos a las víctimas para reconocer su inocencia y demostrar que no somos cómplices de los verdugos. Deberíamos sentirnos culpables de aquella locura colectiva; y lo mínimo que podemos hacer es ponernos en el lugar de los familiares. A parte de un sentido perdón debemos homenajear a unos «mártires», cuyos cuerpos tendrían que pasar a disposición de sus familiares para que pudieran rendir duelo. Nos encontramos ante el quebrantamiento de los derechos básicos de la persona: el atentado a la vida y contra la dignidad de sus familiares, que no sólo han visto interrumpida su condolencia hacia su ser querido hasta la fecha, además, se la imposibilitamos a perpetuidad.
Si la Fiscalía del Estado paraliza el trabajo iniciado se podría concluir que se intenta desbaratar un movimiento ciudadano que fue aprovechado con intereses electoralistas.
[1] En abril de 1900, 2.200 operarios del ferrocarril minero reclamaron aumento de jornal y horario de
[2] Ingresa en la prisión de Burgos el 18-8, donde es fusilado por tenencia de armas el 20-9-36.
[3] Ingresa el 1 de agosto del 36 en el Fuerte de San Cristóbal (Navarra), donde fallece el 23-11-41.
[4] Labrador de 41 años, ingresa en prisión el 2-2-37. Es sometido a consejo de guerra por tenencia ilícita de armas el 4-7-37 con 12 años de prisión y tres meses y 250 pts. por desobediencia. Es enviado a Pamplona.
[5] Alcalde y militante de UGT. En Consejo de guerra le sancionan con 30 años por rebelión militar y tenencia de armas, según expedientes de responsabilidad civil nº 30 y 31 se le multa con 5.000 pts. por «Oposición al Movimiento».
[6] Anthony Beevor,
[7] En su expediente le considera el fundador y dirigente de IR de Lerma, donde fue vocal de
[8] Dama que porta la bandera el día de la fiesta de la República.
[9] El registro nº 162 pide “comparecencia a D. Antonio Ruiz Vilaplana, que se ausentó de esta ciudad, ignorando cual es su actual paradero”, Burgos 8 de agosto de 1837. BOE nº 192, de 17 de agosto.
[10] Se moviliza a raíz de la revuelta de Asturias del 34 por lo que es detenido.
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